Polémica por jueza del caso Mario Aranguren

Por cuarto día consecutivo, el presidente Uribe arremetió contra el Poder Judicial por cuenta de la detención al ex director de la UIAF Mario Aranguren, vinculado al proceso de espionaje a magistrados y congresistas. “Tengo que expresar mi tristeza, hoy es el quinto día que está en la cárcel un colombiano honesto, formado en el Minuto de Dios, injustamente en la cárcel”, dijo y añadió que su labor siempre fue “honesta y fecunda contra el narcotráfico”, al tiempo que criticó que la jueza Jenny Jiménez, quien le impuso la medida de aseguramiento a Aranguren, porque dejó en libertad el año pasado a 11 narcotraficantes. “A bandidos de esa calaña los han puesto libres en algún momento y a un ciudadano de la transparencia de Mario Aranguren lo tienen en la cárcel”, reprochó el Jefe de Estado.

Fuentes consultadas le dijeron a este diario que, al parecer, fue la fiscal encargada del caso quien habría sustentado de forma deficiente la legalización de las capturas de estos individuos ante la jueza Jiménez. De hecho, poco después la fiscal de la Unidad Antimafia fue trasladada a la Unidad Antisecuestro y luego retirada de la entidad porque no pasó el concurso de méritos. Asimismo, se conoció que el Consejo Superior de la Judicatura evalúa la competencia para estudiar una queja interpuesta contra Jiménez por la libertad otorgada a estos 11 señalados narcotraficantes. El presidente del alto tribunal, magistrado Ovidio Claros, señaló que la queja fue radicada el viernes y agregó que se puso en contacto con la jueza Jiménez porque le preocupaba su seguridad.

De otro lado, el magistrado del Consejo de la Judicatura, Hernando Torres, deploró el irrespeto del que vienen siendo blanco los jueces en Colombia en los últimos días, aclaró que contra la jueza Jiménez no ha habido ninguna actuación disciplinaria y dijo que es necesario ponderar el lenguaje que se utiliza en este tipo de controversias. Por ahora Mario Aranguren sigue detenido y a la espera del inicio del juicio en su contra. El Jefe de Estado reclama las decisiones de los jueces. La Corte las reivindica y exige respeto. El pulso entre ambos poderes promete no amainar pronto.