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"Nos queremos asegurar no solo de recuperar la información, de identificar a los responsables. Sino también de iniciar un proceso de protección de las personas que eventualmente pudiesen ser agredidas por estas mafias que no quieren que se realice el proceso de restitución de tierras", dijo el director de la Policía general Oscar Naranjo, al señalar que un grupo especial de investigadores se desplazaron al municipio de Apartadó para determinar los responsables y posibles cómplices del robo de una memoria USB que contenía información confidencial sobre el proceso de restitución de tierras.
El alto oficial denunció que grupos armados ilegales buscan detener este proceso gubernamental, mediantela intimidación a los beneficiarios de la restitución de tierras.
"Realmente corresponde a un hurto premeditado, a un hurto basado en informaciones que surge a una actividad pública y notoria y por lo tanto estamos hablando del cinismo y descaro de estas organizaciones que quieren impedir lo que es una política", puntualizó.
El alto oficial señaló que ya se han realizado varias reuniones con los ministerios de Agricultura, Defensa y con el Incoder, para generar esquemas de protección en zonas donde el Gobierno ha determinado es prioritario la restitución de tierras y proteger a los receptores de este beneficio.
"Nada va a detener el proceso, vamos a focalizar nuestra atención en Apartadó, Córdoba y Antioquia", dijo.
Según la denuncia un hombre irrumpió en las instalaciones de la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierra: tierra y vida, con sede en el municipio de Apartadó, y después de preguntar por la abogada de la Asociación, aprovechó que la secretaria se encontraba sola y le arrebató una memoria USB que contenía información confidencial del proceso de restitución de tierras.
La denuncia fue presentada ante las autoridades. Sin embargo, los representantes de las víctimas temen por su seguridad. Algunos expresan que han sido amenazados.
En menos de dos años, al menos siete líderes de desplazados y beneficiarios de restitución de tierras en Antioquia han sido asesinados.
Además, al menos 40 dirigentes de desplazados han perdido la vida de forma violenta en Colombia desde marzo de 2002, según registros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En septiembre pasado, la ONU advirtió al Gobierno colombiano de la urgencia de tomar "medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras", al ofrecerse a acompañar al Estado en esa tarea.
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