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La Contraloría General de la República pidió explicaciones a la Policía de Tránsito y Transporte por un millonario contrato de equipos de seguridad vial que, a la fecha, no se han podido poner en servicio.
El informe de auditoría revela que, aunque se pagaron $1.190 millones y se recibió la totalidad de los equipos, entre ellos drones, no se han podido utilizar por fallas técnicas al momento de ponerse en operación.
La Contraloría determinó que, como a la fecha no se cuenta con el Sistema de Reconocimiento Remoto, “se torna en ineficaz el manejo del recurso público comprometido y, de esta manera, se está afectando el interés general involucrado en esta compra”.
El sistema se compone de dos vehículos, dos sistemas de reconocimiento remoto con sus accesorios y baterías, dos ‘rack’, dos plantas eléctricas, cuatro pantallas de visualización, Smart tv, dos computadores portátiles, módems para automoción y circuitos cerrados de televisión.
Con estos equipos, dice el organismo de control, se pretende mejorar el monitoreo y el análisis en tiempo real de situaciones de emergencia y movilidad, tanto para conductores, transeúntes, pasajeros y habitantes de corredores viales.
Según esto, la Policía Nacional deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la Contraloría, respecto a las posibles inconsistencias derivadas del contrato establecido con Unión Temporal MNI para la adquisición de los Centros de Comando y Control Móviles.
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