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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le solicitó al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, la revaluación del grado de riesgo y vulnerabilidad de todos sus integrantes y sus grupos familiares. Los magistrados están preocupados por el aumento de un tono hostil en su contra en mensajes en redes sociales y algunos enviados directamente a sus teléfonos, que atribuyen a recientes decisiones de relevancia nacional —entre ellas la orden de detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué está pasando?
En una carta enviada el pasado 4 de septiembre al director de la Policía, conocida por El Espectador, la Sala de Instrucción expuso la situación en estos términos: “En los últimos meses hemos proferido providencias que, a no dudarlo, han tenido alta sensibilidad en la opinión pública. Noticias replicadas por los medios de comunicación y redes sociales. Tal situación, en principio normal, nos empieza a preocupar, pues venimos observando que algunas publicaciones o comentarios de diversas personas van acompañados de indiscriminados señalamientos de toda índole, tales como afinidad o pertenencia a la guerrilla, a la delincuencia, insultos, agravios y epítetos descalificantes, entre muchos otros ultrajes”.
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En la misiva aseguran que estos mensajes han generado inquietud en los magistrados, “dado su manifiesto contenido de odio, insistencia, persistencia, falsedades, suministro de datos concretos respecto a los integrantes de la Sala, que bien pueden ser producto de seguimientos de cualquier índole o de indebidas intromisiones en nuestra vida privada, entre otras cosas”. Y resaltan la necesidad de revaluar el estado de riesgo, ya que “la seguridad propia, como de nuestro entorno, es clave para el normal desempeño de nuestras funciones, libres de presiones, temores e indebidas intromisiones de quienes pretendan trascender a otro nivel”.
El Espectador estableció que las evaluaciones de riesgo ya están en marcha y que la Sala de Instrucción está a la espera de los resultados. Fuentes de la Corte indicaron que las preocupaciones se derivan sobre todo de comentarios en redes sociales, aunque, al menos una persona de la Sala ha recibido a su teléfono personal mensajes insultantes. Incluso una voz consultada por este diario aseguró que las posturas del Gobierno sobre el caso Uribe y los pronunciamientos del mismo exmandatario incrementan los riesgos “con tanto fanático dispuesto a todo”. Por eso creen que se deben reforzar las medidas de seguridad para toda la Sala, lo que incluye vigilancia nocturna en sus residencias, dado que la Corte está teletrabajando, por la pandemia.
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“No hemos tenido una amenaza, afortunadamente”, explicó una fuente. Estas inquietudes fueron objeto de una reunión con la Sala de Gobierno de la Corte Suprema, en donde se decidió enviar la misiva a la Policía y una más al Consejo Superior de la Judicatura. Y no solo tienen en cuenta los mensajes subidos de tono que se pueden apreciar en redes sociales, sino también dos derechos de petición que congresistas del Centro Democrático (el partido del expresidente Uribe) enviaron donde piden información de carácter reservado sobre procesos en curso y sobre la vida laboral de los magistrados previa a su llegada a la Corte, con el fin de llevarlos a control político, cuando esta figura por ley no aplica para los servidores judiciales. “Es una presión indebida”, dijo una fuente.
Ernesto Macías, Ciro Ramírez, Paola Holguín, María del Rosario Guerra y once congresistas más solicitaron al magistrado César Reyes (quien fue el ponente en el caso Uribe) explicar sus funciones en trabajos previos a llegar a la Corte Suprema, entregando nombres y cédulas de personas a las que representó como abogado; explicar si “algún miembro de su familia hace parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc)”, así como confirmar si tuvo algún tipo de contacto por motivo de su vida laboral con Pilar Rueda, esposa del congresista Iván Cepeda. Incluso, le preguntaron si estaría dispuesto a hacer públicas las sábanas telefónicas de los últimos cinco años para verificar si tuvo contacto con ella.
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En respuesta entregada el pasado 31 de agosto, el magistrado dejó en claro que las solicitudes de información que realizan los congresistas tienen límites. Y dijo que la petición pareciera haberse dirigido a título personal, sin que los congresistas hubieran aclarado las razones para hacer un interrogatorio tan detallado. “Sin dejar de advertir un abuso del derecho y el desconocimiento de las bases fundamentales de un Estado social y democrático, en todo caso y en respeto al principio constitucional de la presunción de la buena fe y lealtad con la que deben actuar todos los servidores públicos, se procede a suministrar respuesta en los siguientes términos: por la condición de servidor público, lo que es forzosamente de carácter público está expuesto en la hoja de vida a la vista de todos”.
Además, Reyes advirtió que los datos personales (como cédulas) tienen protección legal, así como los datos personales aplicados al contexto laboral. “De suerte que como queda dicho en precedencia, si los peticionarios no informan siquiera de manera mínima en virtud de qué función constitucional o legalmente actúan de manera competente, ni pueden ejercer control político a los funcionarios de la rama Judicial, mal podrían obtener la información cuya evidente reserva les es legalmente oponible”. Y recordó que los procesos judiciales en curso en la Sala tienen reserva judicial.
“Debe indicarse que lo que se advierte es la pretensión de ejercer un control disciplinario o jurisdiccional, manifiestamente improcedente y mucho más uno de índole político respecto de los procesos que bien saben se adelantan en la Sala”, agregó Reyes, quien les recordó a los congresistas que si un procesado considera que hay motivos para dudar de su imparcialidad pueden acudir a la recusación. En otro derecho de petición, el mismo grupo de congresistas preguntó sobre las investigaciones que se adelantan contra Gustavo Petro en la Corte, los hechos y estados de los procesos.
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En respuesta del pasado 2 de septiembre, la Sala dijo que los “honorables congresistas que elevan el derecho de petición no ostentan ninguna de las calidades exigidas por el legislador para suministrarles la reservada información que demandan (pues no son ni sujetos procesales, ni intervinientes, abogados o integrantes de medios de comunicación). (…) Si los peticionarios no informan siquiera de manera mínima en virtud de qué función constitucional o legalmente actúan de manera competente, ni pueden ejercer control político a los funcionarios de la rama Judicial, mal podrían obtener la información”. Mientras las evaluaciones de seguridad avanzan, hasta ahora la Judicatura y la Corte Suprema han dado completo respaldo a la Sala de Instrucción.
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