Policías serán investigados por golpear brutalmente a siete personas

Por considerar que el subintendente Andrés Julián Bernal y otros policías del municipio de Guepsa (Santander) pudieron cometer graves violaciones a los Derechos Humanos durante un procedimiento policial la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó la remisión de su caso a la Justicia Penal Militar. Los hechos sucedieron el 29 de septiembre de 2013, cuando un grupo de policías intentó contener una riña que se presentó en el polideportivo de Guepsa durante la celebración del día del Amor y la Amistad, evento organizado por la Alcaldía municipal.

Según el Departamento de Policía de Santander, los asistentes al evento se exaltaron ante la presencia policial y agredieron a los agentes, dejando lesionados al subintendente Bernal y a una patrullera. El Departamento aseguró que la respuesta violenta de los ciudadanos fue tal que los policías tuvieron que resguardarse y pedir refuerzos, y que patrullas de la institución y vehículos particulares resultaron afectados. En desarrollo del procedimiento los agentes capturaron a cinco adultos a los que la Fiscalía les imputó los delitos de ataque a servidor público, lesiones personales, daño en bien ajeno y asonada, por lo que se les ordenó detención domiciliaria. La policía también retuvo a dos menores, que posteriormente fueron liberados.

Sin embargo, la versión de los detenidos y de la Personería de Guepsa es muy diferente. Jhon Mauricio Herrera Zabala, una de las cinco personas que se encuentra privada de la libertad, recuerda que los hechos se presentaron luego de que un agente golpeara fuertemente en la cabeza a uno de sus hermanos, quien intentaba impedir que un amigo se involucrara en la riña, lo que desató la ira de la comunidad.

Herrera, de 29 años, explica que él se encontraba en alto grado de alicoramiento cuando acudió a la Estación de Policía para ver qué sucedía, y que allí se encontraba el alcalde municipal, quien le dijo “váyase para la casa porque ya viene la policía de Barbosa”. Sin embargo, se dirigió al parque del municipio y se sentó a descansar. “Yo me senté en una esquina del parque, incluso me estaba quedando dormido de la borrachera, y ahí llegaron los policías y me capturaron, cuando yo no estaba haciendo nada”.

Una vez en la estación Herrera se dio cuenta que su esposa también se encontraba detenida, y que “ella estaba en la casa y salió a preguntar por mí a la estación, a ver si yo estaba allá, y ahí la detuvieron. Ellos decían que la detenían a ella para que yo fuera hasta allá, y ahí poder cogerme”. Herrera asegura que la policía los detuvo a él y a su esposa porque el subintendente Bernal tenía problemas personales con otro de sus hermanos, Jhon Jairo Blanco Zabala, quien “discutía con la policía a cada rato”. Por esa razón, el subintendente Bernal “preguntó quién era el hermano de Jhon Blanco, y me cogió y me amarró a un tubo y me agredió. A mi esposa también la golpeó, porque ella le decía que no me pegara, y lo insultaba. A otro compañero también lo golpearon en la estación y cuando nos estaban subiendo a un carro para Barbosa le echaron gas pimienta en la cara.” La golpiza que el subintendente Bernal le propinó a Herrera fue tan brutal que sus propios compañeros le pidieron que se detuviera.

Por ahora, la pareja se encuentra detenida en su casa y asegura que la Fiscalía ha dilatado injustificadamente el proceso que se les adelanta por los delitos mencionados. “Nosotros llevamos ocho meses en esto y nada que nos resuelven. Nos tienen como el que no está; no se presenta la fiscal, nos han anulado por ahí 6 audiencias. El policía Andrés Julián Bernal y una patrullera que resultaron lesionados nunca se han presentado, a pesar de que los han citado. El abogado de nosotros, que es de oficio, se ha cansado de pedir las pruebas a la fiscal Marta Lucía Ruiz Niño, pero ella nunca las ha presentado”.
Por su parte, la Personería Municipal le dijo a la Fiscalía que “es posible que nos encontremos ante un caso de tortura y graves hechos de vulneración a los derechos humanos”. Pese a la gravedad de los hechos, el fiscal de Barbosa, Carlos Alberto Maldonado Parada, “sin realizar labor investigativa alguna” y en “una providencia que consta tan sólo de un párrafo”, ordenó el 20 de marzo de 2014 remitir el expediente a la Justicia Penal Militar. En su escrito, el fiscal aseveró que “se puede visualizar sin equivocación alguna que las presuntas conductas punibles de lesiones personales, torturas y amenazas, entre otras (…) fueron ocasionadas en funciones del cargo por parte de uniformados de la Policía Nacional acantonada allí, entre otros, por Andrés Julián Bernal”.

El Consejo Superior de la Judicatura, que resolvió el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar, contradijo al Fiscal y explicó que “conductas como la desplegada de realizar agresiones como las descritas en personas que se encuentran bajo custodia y aún más en una sala de retenidos, no pueden considerarse actos relacionados con el servicio o que los mismos se traten de una actividad legítima de la Policía Nacional”, por lo que ordenó a la Fiscalía Primera Local de Barbosa y a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación investigar lo sucedido. Por ahora, la Fiscalía Primera de Barbosa asegura no conocer la decisión del Consejo, por lo que la investigación se encuentra estancada.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigación disciplinaria contra el subintendente Bernal, sin que se conozcan los resultados. Mientras tanto, Herrera clama porque la Fiscalía se ponga al frente de su caso y el de los otros 6 procesados, que pasaron de ser víctimas a victimarios.

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