Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Ministerio de Justicia está construyendo la nueva política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, quien a nivel nacional e internacional ha prometido un giro completo a la estrategia para combatir la problemática que, en gran medida, financia el conflicto armado y sostiene la guerra en los territorios. Los cambios van desde cesar la investigación penal contra los campesinos e indígenas cocaleros, considerados el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico, hasta darle usos novedosos a la planta de la coca y del cannabis.
Antecedentes: ¿Quién es Gloria Miranda, la próxima directora de política de drogas?
El Espectador conoció detalles de lo que será la nueva hoja de ruta en temas de droga. En un encuentro regional en Cajibío (Cauca), coordinado por el Ministerio y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), la directora de la política de drogas, Gloria Miranda Espitia, explicó al campesinado cocalero que se podría promover una titulación masiva de predios. Esto con el objetivo de desincentivar la siembra de la hoja de coca, en territorios donde los campesinos no tienen otra opción para comercializar y donde quedan presos, a su vez, de la guerra por las rutas de narcotráfico.
“Titulaciones masivas con ordenamiento territorial. Podría ser una de las vías a través de las cuales ustedes puedan transitar a la legalidad. Si hubiese la posibilidad de que ustedes recibieran en unos meses unos títulos y la condición sea levantar el cultivo de coca, ¿ustedes estarían dispuestos?”, fue la pregunta que públicamente realizó Miranda Espitia a los cocaleros. La respuesta no fue una sola y, por eso, la directora respondió que los títulos estarían fortalecidos con proyectos de comercialización productiva y solo se podrían entregar si se comprometen a barrer el cultivo de uso ilícito de los predios.
En contexto: Petro propone invertir recursos de la política de drogas en prevención y educación
En el último reporte de monitoreo de cultivos ilícitos de la UNODC, Colombia registró una cifra nunca vista de hectáreas sembradas con coca: 204.000. De ellas, 25.000 se ubican en el departamento del Cauca, considerado enclave productivo. Para superar la crisis, el Ministerio de Justicia sondea en los campesinos una titulación individual de predios, que está acompañada de un proceso de industrialización de productos campesinos, que sí podría ser de carácter colectivo. En pocas palabras, serían dueños de tierras individuales y podrían ir a trabajar a un proyecto en conjunto. Para quienes no se ajusten a esta “inversión a mediano y largo plazo”, y sigan sembrando coca, podrían hacer la transición a través de líneas de crédito especiales para cocaleros, con bajas tasas de interés.
Ante las inquietudes de los cocaleros, la directora Miranda señaló, entre los planes, que se articulará con el Ministerio de Transporte, de Comercio y de Agricultura. Esto porque entre los reclamos más airados está que, para hacer la transición, necesitan que sus productos campesinos no pasen por un intermediario. Es decir, que la relación sea campesino-comprador, para lograr las suficientes ganancias que suplan la hoja de coca, que, en algunos sectores del Cauca, una arroba se está cotizando a $40.000. La directora Miranda dio pistas de que se podría, incluso, hablar con el sector privado para que participe en programas y contrate a cocaleros que quieren dejar de serlo.
Le puede interesar: Coca en Colombia: Duque cerró su gobierno con crecimiento del 43 % en hectáreas
Una campesina cocalera del Cauca, quien pidió guardar su nombre por seguridad, aseguró que no estaba dispuesta a recibir la titulación de un predio, si el gobierno Petro no le garantiza un cultivo que le genere ganancias, por lo menos, cada tres meses. “Yo no voy a comprar huevos para vender huevos”, señaló. Ante ello, la directora de la política de drogas le respondió que se ha encontrado con posiciones similares, pero la invitó a confiar en un proyecto a “mediano plazo”. Según fuentes cercanas a la creación de la nueva política, el proyecto se presentará en julio de este año y también será en un evento en comunidad.
De acuerdo con la UNODC, este tipo de jornadas “representan una oportunidad de diálogo permanente en el que comunidades tradicionalmente afectadas por el fenómeno del narcotráfico y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales comparten los efectos de estos fenómenos desde sus saberes territoriales, con el objetivo de consolidar una política basada en la protección de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente”. También se discutieron posibles usos del cannabis y garantías de seguridad para quienes quieren hacer la transición. Los cocaleros presentes, en su gran mayoría, buscan transitar a la economía legal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más