Ponente del caso Ordóñez se niega a retrasar más el proceso

Saber cuál será el futuro del procurador Alejandro Ordóñez se ha convertido en un tema de pocas certezas y, más bien, muchos rumores y polémicas. Solamente la semana pasada se presentaron tres sucesos que dieron de qué hablar: la supuesta desaparición del proyecto de fallo que debía presentar la magistrada Rocío Araújo; una carta del mismo jefe del Ministerio Público en el que le pedía al alto tribunal celeridad para definir su futuro; y la decisión del Consejo de Estado de negar un recurso que había presentado la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda para que se tumbara el proceso en contra de la elección del procurador.

Desde que se supo que el Consejo de Estado había negado la petición de la viceprocuradora Castañeda, la funcionaria anunció que apelaría. Así lo hizo y en un auto del 10 de marzo de este año, el Consejo de Estado volvió a decir que no. En el documento, conocido por este diario, la magistrada ponente Rocío Araújo hizo una explicación sencilla y detallada, casi pedagógica, de por qué los argumentos de la viceprocuradora no tenían fundamento jurídico. En resumen, lo que más de una vez ha alegado la viceprocuradora Castañeda es que se debe anular el proceso contra la elección del procurador pues el Ministerio Público no ha sido notificado de las actuaciones del Consejo de Estado.

De acuerdo con la magistrada Araújo, sin embargo, la Procuraduría sí ha recibido las notificaciones mediante el apoderado asignado: Juan Clímaco Jiménez, procurador séptimo delegado ante ese alto tribunal. Para la viceprocuradora, quien ha debido recibir los mensajes es ella pues, como en este caso el procurador es el investigado y se declaró impedido de actuar como jefe del Ministerio Público como una medida de “imparcialidad y transparencia”, ella es quien asume los deberes que su jefe no puede realizar.

“Resulta, y esto debería saberlo la señora viceprocuradora general de la Nación, que ante el Consejo de Estado actúan siete procuradores delegados. Ellos representan al Ministerio Público, en su calidad de agentes, ante las diferentes secciones de la corporación y ante su Sala Plena”, reclamó la magistrada Araújo en el auto, quien además increpó que, para su despacho, los tres escritos que ha presentado Castañeda parten de una idea equivocada: que Alejandro Ordóñez es quien debería actuar como el delegado del Ministerio Público en su propia investigación.

En otro aparte, la consejera de Estado le recordó a la viceprocuradora que “al Ministerio Público no se le notificó en el marco de este proceso, una, dos, ni tres, sino 36 veces”. Con este llamado de atención, y para que no quede ni una sola duda de lo que ha hecho el Consejo de Estado en materia de notificaciones, Araújo anotó en un cuadro todos los avisos y comunicaciones que el alto tribunal le ha enviado al procurador delegado para el Consejo de Estado en el proceso en contra de la elección del procurador.

Además de considerar que los argumentos de la viceprocuradora Castañeda no son válidos, la consejera le dijo que sus pretensiones no podían aceptarse, pues han pasado más de dos años desde que el procurador se recusó en este expediente y el periodo para manifestar desacuerdos ya está vencido. Al no aceptar el recurso, la magistrada Araújo además le recordó a la viceprocuradora que ya no hay otra instancia para que insista en lo que tres veces le ha negado el Consejo de Estado. Y, como si fuera una advertencia, la magistrada les advirtió que, a partir de este momento, la presentación de nulidades y demás pretensiones improcedentes se entenderán como una forma de dilación del proceso y serán sancionada.

Con esta decisión no deberían existir más complicaciones para que Araújo presente su proyecto de fallo ante la Sala Plena. Fuentes cercanas al Consejo de Estado le señalaron a este diario que el sentido de su texto está direccionado a decretar nula la elección del procurador. Se espera que la próxima semana los conjueces y jueces reciban el documento.