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Como presunto responsable del delito de fraude a resolución judicial será denunciado este martes ante la Fiscalía General de la Nación el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Carlos Barragán, tras ordenar el traslado del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a una guarnición militar y no a un reclusorio, anunciaron los defensores de los familiares de los desparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia.
Así lo confirmó el jurista Jorge Molano, quien precisó que ha sido reiterativa la actitud renuente de esa entidad a cumplir con las órdenes emitidas por la Juez Tercera Penal Especializada de Bogotá en el caso de Plazas Vega, pues desde un principio se negó a remitirlo a ese y otros despachos judiciales para cumplir con diligencias relacionadas con la investigación por la retoma.
Añadió que en idéntica forma respondió el Inpec a los señalamientos del Instituto Nacional de Medicina Legal, que en numerosas oportunidades advirtió la improcedencia de un tratamiento intrahospitalario para el hoy condenado, lo que a la postre impidió que Plazas permaneciera en la Cárcel La Picota, como lo ordenó la Juez Jara desde agosto de 2009, antes de culminar la etapa de juicio.
A su turno, René Guarín, hermano de la desaparecida Cristina del Pilar, señaló que estas consideraciones serán puestas en conocimiento de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes en segunda instancia determinarán si ratifican o no la sentencia a 30 años de prisión que pesa sobre el Coronel (r) Plazas, como uno de los responsables de la desaparición de 11 civiles durante la ocurrencia del holocausto.
"El director del Inpec incurre en fraude a resolución judicial, delito que da de uno a cuatro años de cárcel. Los familiares de los 11 desaparecidos y nuestros abogados denunciaremos este caso tanto en el Tribunal Superior de Bogotá, para que lo tenga en cuenta como elemento de resolución de la sentencia condenatoria, como en la Fiscalía General de la Nación", concluyó.
Mientras tanto, el abogado del condenado, Jaime Granados, ha manifestado en repetidas ocasiones que el hecho de que los galenos del Hospital Militar Central hayan dado cuenta de las severas afecciones síquicas que sufre su defendido demuestran la improcedencia del traslado a un reclusorio para el oficial (r).
De hecho, el jurista señaló en un oficio dirigido a la Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, que la historia clínica del Coronel (r) demostraba que su remisión a ese despacho para declarar en el caso del general (r) Iván Ramírez Quintero, procesado por el holocausto, sería sumamente inconveniente, y de ahí la imposibilidad de que fuera conducido para declarar.
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