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Una familia de Tumaco, Nariño, tiene en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un hecho atroz: cuando las FARC operaban en cercanías de su hogar los tildó a todos de colaboradores de los Rastrojos. Como consecuencia, la mujer de la casa fue asesinada y sus senos cortados. En 2003, una joven de 24 años fue obligada a tener relaciones sexuales con el comandante guerrillero Ratón, quien le dijo en su propia casa que tenía que “ser de él” o masacraría a toda su familia. Fue esclavizada sexualmente por dos años, a cambio de la vida de sus amados. Este tipo de crímenes y otros hechos de barbarie cometidos en Nariño por el Bloque Occidental de la antigua guerrilla fueron imputados a 15 firmantes del Acuerdo de Paz. Entre ellos el congresista de Comunes Pablo Catatumbo.
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La investigación la lideró Belkis Izquierdo Torres, magistrada indígena a cargo del macrocaso 02 de la JEP, que se concentró en la situación territorial en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño). Tras investigar durante cinco años, a partir de las confesiones de los firmantes de paz, así como de los reclamos airados de las víctimas del suroccidente del país, la JEP imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a Catatumbo y a los siguientes guerrilleros: Édgar López Pacho Chino, Luis Carvajal, Heider Espinosa, Groelfi Rodríguez, Wilfrido Ávila, Rubiel Torres, Arlez Porras, Fabio Murcia, Jair Acosta, Ricardo Palomino, Alberto López, José Geidin Castro, Diego González y Juan Caicedo.
La imputación también marca el hito de ser la primera en la que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. En un contexto de amplia dominación guerrillera, que no distinguió inocentes entre 1990 y 2016 en la región, las FARC utilizaron diversos métodos de dominación social, entre ellos la agresión sexual, concluyó la magistrada Izquierdo. En un auto que supera las mil páginas se detalla cómo en 16 años los guerrilleros cometieron al menos 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, así como violencia contra personas con sexualidades diversas. En total, las víctimas registradas por estos hechos son 254.
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En principio, la JEP encontró catastrófico para la región los números y los métodos de la violencia sexual que, se supone, era un “delito” dentro de las normas de la guerrilla. De las víctimas identificadas, 117 fueron afrocolombianas, 17 indígenas awás, una campesina y las demás no reportaron pertenecer a una etnia en específico. Los datos desagregados muestran que hubo una víctima mayor de 50 años, 50 mayores de edad y 47 entre los 0 y 17 años. Las FARC dominaron a niños, niñas y mujeres, y los trataron como objetos sexuales en lugares solitarios, en sus casas, en sus espacios de trabajo, en fiestas, en campamentos y en retenes guerrilleros. La JEP identificó 91 hechos en los que una víctima fue violada más de una vez.
“En muchos de los hechos se observa cómo los agresores utilizaron burlas e insultos que denotan desprecio hacia lo femenino para someterlas y degradarlas. Esto da cuenta de la objetivación de los cuerpos femeninos por parte de los agresores y la intención de humillar y deshumanizar a las víctimas, convirtiéndolas en un objeto de canje o transacción: me das algo que yo quiero (el cuerpo, el acto sexual), a cambio de algo que tú quieres (conservar la vida, proteger a tu familia)’. En algunos hechos se puede evidenciar la violencia de género relacionada con los estereotipos hipersexualizados de las mujeres del Pueblo Negro Afrocolombiano, en donde les decían ‘esta negra está rica’, u ‘oye negrita o gorda, usted esta noche va a estar conmigo’”, se lee en el auto.
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La violencia desplegada por las FARC en Nariño fue agrupada en otros cinco patrones, entre ellos el correspondiente a las masacres, asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas. Entre 1997 y 2016, se documentaron 468 víctimas. Los muertos fueron abandonados en caminos, vías públicas o sus lugares de trabajo. La mayoría de las veces en presencia de sus familiares o miembros de la comunidad, con el objetivo de desatar un horror colectivo. Las consecuencias se miden en el tejido social que se rompió, la desconfianza en las instituciones del Estado y hasta en la desconexión con los sitios sagrados, los cuales fueron aprovechados por las FARC para sus intereses. “Degradaron los múltiples sistemas de la vida”, agregó la magistrada Izquierdo.
Asimismo, a los 15 exintegrantes de las FARC, entre los que hay reincorporados, políticos y colaboradores con la justicia, se les imputaron centenares de desplazamientos forzados, que alejaron de sus hogares a 27.087 personas; el reclutamiento, entre 2001 y 2015, de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Hay registro por niños de seis años reclutados. Responderán, además, por las minas antipersona que mutilaron los cuerpos de hasta 279 inocentes. Y, asimismo, por los 70.000 barriles de crudo que envenenaron la naturaleza nariñense, por las constantes explosiones contra el Oleoducto Trasandino. Y por tierras afectadas por el desarrollo de actividades de minería ilegal de oro.
Para dar a conocer esta imputación, desde Tumaco, la JEP tuvo como preludio a una cantaora, cuyas letras ya no hablan de la armonía del territorio ancestral, sino del tiempo que les tomará a las comunidades reponerse de la guerra que las FARC llevaron a su verde Nariño. Los 15 imputados pueden decidir si reconocen estos hechos. De hacerlo, deben ratificarlo ante las víctimas en una audiencia pública de reconocimiento de verdad y someterse a trabajos de reparación, que les permitan reincorporarse a la sociedad. Quienes crean que es injusta la teoría del caso en su contra pueden tomar el camino del juicio dentro de la JEP, que en el peor de los casos les representaría hasta 20 años de cárcel.
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