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Uno de los capítulos del más reciente escándalo de chuzadas dentro de la Fiscalía es el de la interceptación del celular de Felipe Jaramillo Londoño, un abogado y arquitecto que representa a varias familias de Risaralda, las cuales fueron demandadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) por imposición de servidumbres legales de energía eléctrica. Según las pesquisas que lleva el ente investigador, el origen de estas interceptaciones en contra de Jaramillo Londoño se dieron en medio de la construcción del proyecto de la subestación de Armenia 230 kV y líneas de transmisión, el cual hace parte de la expansión de transmisión de energía eléctrica en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Esta obra de expansión energética, que consta de 83 torres eléctricas en el Eje Cafetero (cerca de 38 kilómetros de líneas de transmisión de energía) y la construcción, operación y mantenimiento de la subestación de Armenia, fue adjudicada al GEB el 14 de febrero de 2012. En el concurso de licitación del proyecto participaron Empresas Públicas de Medellín (EPM) —que ofertó encargarse de la construcción del complejo por US$16 millones—, el consorcio Compañía de Transmisión del Quindío (su oferta fue por el doble de dinero de la emblemática empresa antioqueña) e Interconexión Eléctrica. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), organismo adscrito al Ministerio de Minas y Energía, le dio el proyecto al GEB, quien propuso construir el Armenia 230 kV por US$10,4 millones.
(Puede ver: Espionaje empresarial: detalles del allanamiento clave a BRG por el caso chuzadas)
Para la construcción de esta infraestructura eléctrica, cuatro torres de energía tenían que ser construidas en el predio El Vaticano, ubicado en la vereda San Roque de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Este terreno de 44 hectáreas es propiedad de Consuelo Castaño, quien desde 1980 es dueña de El Vaticano, avaluado en cerca de $3.100 millones, según la Cámara Regional de la Construcción en Risaralda (Camacol). Ante las infructuosas negociaciones de Castaño con el GEB para llegar a una cifra con la que sería indemnizada por la imposición de servidumbres legales de energía en su tierra, la empresa la demandó ante un juzgado civil de Santa Rosa de Cabal en mayo de 2013.
Dentro de la demanda, el GEB tasó la indemnización para Consuelo Castaño en $35 millones. Luego, en agosto de 2013, el juzgado civil ordenó la designación de dos expertos: uno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el otro de la Lista de Auxiliares de la Justicia, para que realizaran un peritaje del avalúo de la indemnización que tendría que recibir la propietaria del terreno. El proceso de selección, que estuvo marcado por infructuosas designaciones, tardó al menos un año y medio. En septiembre de 2014 fue designado Esteban Cadavid y en enero de 2015 fue elegido Miguel Ángel Duarte.
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Mientras su compañero se posesionaba, Cadavid presentó un informe de avalúo de El Vaticano tasando la indemnización en $400 millones. El informe conjunto entre los dos expertos fue entregado a finales de enero de 2015 al juzgado, estableciendo que el valor debía ser de $736 millones (21 veces lo que ofrecía el GEB). En mayo de 2015, el juzgado civil de Santa Rosa de Cabal ordenó pagarle esta última cifra a Consuelo Castaño. El fallo, que fue apelado por el GEB, lo dejó en firme el Tribunal Superior de Pereira en 2017. La cifra de la indemnización terminó siendo $1.300 millones (37 veces la oferta del GEB), por los intereses generados durante el tiempo que duró el pleito, casi cinco años.
El origen de las chuzadas
En enero de 2018, según el GEB, llegó un mensaje anónimo al canal ético de la compañía en el cual se señalaba que en Risaralda existía un cartel de servidumbre compuesto por funcionarios de la rama Judicial, abogados y otras personas para cobrar indemnizaciones de forma fraudulenta. En la denuncia, según el GEB, no se hacía referencia a nombres puntuales. En este contexto, según la Fiscalía, la compañía empezó a buscar a una consultora que investigara sobre este supuesto cartel que operaba en el Eje Cafetero. El GEB consideró a Risk Consulting y FTI Consulting, firma de la que Laude Fernández —pieza clave en el reciente escándalo de chuzadas en la Fiscalía— fue director general entre 2009 y 2015.
(Además:Las irregularidades que encontró una auditoría por el caso de “chuzadas” en la Fiscalía)
En febrero de 2018, los abogados del Grupo denunciaron ante la Fiscalía que las labores para realizar el informe conjunto del predio El Vaticano se realizaron el 7 de julio y el 4 noviembre de 2014, cuando solo uno de los peritos estaba ya oficialmente elegido. “(En el informe) expresaron datos falsos en relación con las actividades desarrolladas”, dice la denuncia. Además, indicaron que las metodologías de los expertos “son contrarias a la ley”, porque se basaron en una ley de procedimiento del IGAC de 1998 y no en la vigente, que data de 2008. Según los abogados del Grupo, los peritos cometieron los delitos de fraude procesal, prevaricato y falsedad ideológica.
La Fiscalía 20 de delitos contra la administración pública de Pereira, a la cual se le asignó la investigación, realizó el pasado 11 de diciembre una inspección al juzgado civil de Santa Rosa de Cabal, en donde reposa el informe hecho por los peritos sobre el caso El Vaticano. El técnico investigador del CTI, Guido Sánchez, quien hizo la inspección en el despacho judicial, será el encargado de dictaminar si el peritaje hecho por Duarte y Cadavid fue legal o tiene irregularidades. Fuentes cercanas al proceso señalan que su informe está listo desde la semana pasada; sin embargo, este diario no pudo establecer con certeza cuáles fueron sus conclusiones.
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Según la Fiscalía, entre febrero y mayo de 2018, el GEB consolidó una relación con Berkeley Research Group (BRG). Esta empresa hasta hace pocas semanas estuvo presidida por Laude Fernández, hoy investigado y con detención domiciliaria por su presunta participación en las chuzadas que habrían sufrido el abogado Felipe Jaramillo Londoño, los miembros del sindicato de aviadores (Acdac) y el gerente general de Enel Codensa, el español Lucio Rubio. El ente investigador señala que el 22 de junio de 2018 el GEB y BRG firmaron un contrato para que se investigara el supuesto cartel de servidumbre en Risaralda.
Tres días después, Luis Carlos Gómez Góngora, en esa época coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, le habría pedido al fiscal Fabio Martínez Lugo interceptar a Jaramillo. La interceptación contra el abogado se hizo ilegalmente, ha admitido la propia Fiscalía, del 13 julio de 2018 al 14 de agosto de ese año. Gómez Góngora fue detenido en diciembre pasado y ya aceptó cargos. En junio de este año fue condenado a ocho años en prisión. Por su parte, Martínez Lugo, quien era fiscal delegado ante jueces especializados desde 2012, fue capturado el 9 de mayo pasado dentro del propio búnker de la Fiscalía y, aunque negó su participación, fue enviado a La Picota mientras las indagaciones continúan.
Cuando finalizó la chuzada en contra de Jaramillo Londoño, en agosto de 2018, el escándalo de las interceptaciones dentro de la Fiscalía no se había destapado. Las alarmas se empezaron a prender en el GEB a finales de octubre de 2018, cuando Fernández fue capturado por ser, presuntamente, el enlace entre la red criminal de chuzadas en el ente investigador y Avianca, la cual contrató los servicios del BRG en medio de la huelga que inició el sindicato de aviadores a finales de 2017. Mientras tanto, el GEB asegura que le pidió a la casa matriz de BRG (en EE. UU.) explicaciones sobre lo que sucedió con Laude Fernández.
De acuerdo con el GEB, que se ha declarado como perjudicado, en diciembre de 2018 la multinacional consultora respondió que a Fernández se le concedería una licencia y sería reemplazado por Ernesto Carrasco, director del BRG en México. Sin embargo, esa licencia no habría durado mucho, porque Laude Fernández recobró su libertad en noviembre de 2018 y solo fue apartado de su cargo totalmente cuando fue recapturado en julio de este año. En enero de 2019, el GEB se reunió con Carrasco y Pilar Hernández, una mujer que sería cercana al círculo de Fernández en el BRG y quien trabajó una década en el DAS como agente de inteligencia, entre otros cargos. En esta y otras reuniones se empezó a plantear la finalización del contrato entre las dos compañías.
Este contrato, que habría acabado por mutuo acuerdo en marzo pasado, ahora está en manos de la Fiscalía, pues fue suministrado por el GEB en junio pasado en la inspección del CTI en sus oficinas. A su vez, ese documento también se encontró en el allanamiento al BRG hace cuatro semanas. Hasta el momento no se sabe en detalle en qué condiciones se acabó la relación comercial. Lo que sí conoció El Espectador es que las dos compañías se encuentran ante el Centro de Conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá intentando llegar a un arreglo, que no han logrado luego de cuatro audiencias. En la última, que ocurrió el pasado 24 de julio, se crisparon los ánimos cuando el GEB intentó, infructuosamente, que Jaramillo Londoño participara en la reunión.
El GEB, que dice ser víctima dentro del proceso contra Laude Fernández, señala que la información que se entregó a BRG para que investigara el supuesto cartel de servidumbre, es decir los datos personales de Felipe Jaramillo, aparecen en los documentos del caso del predio El Vaticano. Sin embargo, en los documentos en poder de este diario sobre esa disputa judicial no figura en ningún punto el nombre de Felipe Jaramillo. El abogado de Consuelo Castaño es otro: Felipe Atuesta Arango. Jaramillo representa a Juan Carlos Ocampo Arias, en otro proceso de servidumbre en el cual el demandante también es el Grupo de Energía de Bogotá.
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El Espectador supo esta semana tres hechos claves dentro de la investigación. El primero, que los dos interventores del ahora cuestionado contrato fueron interrogados por la Fiscalía. Uno de ellos, que trabaja para el GEB, señaló que Laude Fernández fue quien le sugirió crear un correo encriptado para recibir “información sensible” sobre Felipe Jaramillo y Lucio Rubio. También, este diario conoció que, en las últimas semanas, la Fiscalía llamó a entrevista a uno de los abogados de cabecera del GEB y que, a su vez, representa a Avianca. Por último, el hasta ahora fiscal del caso, Armando Colmenares, será reemplazado por Álvaro Betancur, fiscal de apoyo en el caso Odebrecht y a quien el exfiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, pidió que se investigara por irregularidades en el manejo de ese proceso.
Por David Escobar Moreno
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