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Es día de El Espectador le explica. ¿Por qué seguimos, casi a diario, registrando tantos hechos de violencia en las regiones de Colombia? ¿Qué es eso a lo que han llamado un “nuevo ciclo de violencia a nivel general”? ¿Qué papel tienen las organizaciones criminales en toda esta creciente ola de muertes y desplazamiento forzado? ¿Qué ha pasado con los grupos armados ilegales del Eln y las disidencias de las Farc? ¿Por qué en Arauca la situación está tan complicada? ¿Qué respuesta ha entregado el Gobierno por medio del ministerio de Defensa? ¿Estamos viviendo una crisis que pasamos por alto por cuenta de que todos los reflectores siguen enfocados en la pandemia y la recuperación económica? Y en medio de tanta pregunta incómoda pero necesaria: ¿Qué protagonismo y relevancia tiene la situación que se vive en las fronteras de Colombia y todos los problemas sociales que se denuncian en los límites con nuestros países vecinos, empezando por Venezuela? Pues para tratar de entender qué es lo que sucede y por qué la agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios ha dicho que más de 70.000 personas fueron desplazadas de sus territorios durante el 2021 en nuestro país, dejaremos a continuación más de 30 distintos productos periodísticos hechos por la redacción de El Espectador y que nos ayudarán a desmenuzar la difícil situación que vivimos. Recuerden entrar a cada uno de los links para entender a fondo y recordar que esto es asunto de todos y todas. Comencemos.
El recrudecimiento de la violencia tiene cola. Para no ir tan lejos, el año pasado, justo en abril, reportamos el desplazamiento forzado de más de 5.800 personas desde territorio venezolano hacia Colombia provocando una crisis humanitaria en medio de la pandemia. La zona fronteriza, en Arauca, vivía una mezcla de muchos factores: presencia histórica del Eln y ahora de las disidencias de las Farc (y la llamada Nueva Marquetalia), las extorsiones a los ganaderos, contratistas y comerciantes no paraban, el silencio gobernaba, se llevaban a la gente que no pagaba y la dejan ‘amarrada a un palo’ como amenaza inicial, la delincuencia común también tenía su parte en toda esta realidad. Para ese momento el gobierno local decía que las extorsiones se habían reducido un 27% y, sin desconocer esa realidad, estaban en alerta porque los asesinatos selectivos crecían en los primeros tres meses más de un 50%. Llegaron los ministros del Interior y de Defensa para tratar de buscar soluciones. Una historia repetida que ha vivido Arauca. Para ese momento hablamos incluso de los periodistas que tuvieron que salir de la zona por hacer su trabajo, de los gestores culturales amenazados por lo mismo. Tame, Saravena, Arauquita, cada uno vivía su propia angustia. Su propia realidad. También se supo de operaciones militares venezolanas que, de acuerdo con el gobierno de ese país, tenía como objetivo proteger la frontera. Se denunciaron negocios saqueados y hasta se habló de ‘bajas’ en los grupos ilegales tras los combates. El ministerio de Defensa de Colombia respondió diciendo que esos combates eran selectivos porque existía una alianza entre Maduro y la nueva Marquetalia que quería acabar con las disidencias del frente 10 de las Farc.
Para el 30 de septiembre del año pasado Colombia ya tenía la cifra más alta de desplazados en el mundo. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo un llamado al Estado para garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas. Dentro de las posibles causas, la Comisión señaló que podría ser el incumplimiento del Acuerdo de Paz”, nos contaban los periodistas de la sección Judicial. En otras palabras, nos recordaron que es obligación del Estado “prevenir el desplazamiento”.
Pero fue el 2022 el año que empezó de manera muy violenta en esta zona. “El primer fin de semana de 2022 dejó en cuatro municipios de Arauca un saldo de 23 muertos, tras enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc”. La situación se estaba poniendo tan delicada que arribaron 625 soldados para apoyar en las tareas de vigilancia y operación, pues otra vez ya eran decenas de familias desplazadas forzadamente. Un día después la Fiscalía aseguraba que todas las personas recibieron disparos a corta distancia y por ello se descartaba que hubieran participado en combates. Culpaban al Eln, directamente al Comando Central. El 6 de enero fue la ONU quien reveló un dato estremecedor: el desplazamiento forzado en Colombia había aumentado un 200% en el último año.
Para el 7 de enero invitamos a Juan Carlos Villate, personero de Tame, Arauca; Sonia López, de la Fundación de DD. HH. Joel Sierra y el Congreso de los Pueblos; Guillermo Antonio Díaz Leonis, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Capítulo Arauca; Mayerly Briceño, lideresa social; y Luis Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, para que nos dieran su versión desde el terreno y para tratar de entender los retos que tenemos todos para alcanzar la paz en Arauca. También analizamos la posible ola de violencia que desataría la captura de alias ‘Otoniel’, por otro lado escribimos sobre la puja de poder en un territorio estratégico en la frontera con Venezuela y también recopilamos todos los contenidos que hasta ese momentos habíamos publicado sobre la crisis que se vivía en esta zona del país:
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Lo que puede venir para el Clan del Golfo en 2022
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El Espectador le explica: la situación de orden público que se vive en Arauca
Entonces empezamos a viajar por las distintas fronteras de Colombia y de esa forma poder entender no solo el fenómeno de la migración sino las violencias que con ella se viven, con un protagonista repetitivo y de fondo: el desplazamiento forzado. Un recorrido que hicimos en alianza con la Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el marco de la iniciativa “Colombia y sus fronteras de cara a la migración”. En Cúcuta, de acuerdo con la reportería de María Camila Ramírez, “a diario, por lo menos 16.000 personas entran a territorio colombiano cruzando la línea fronteriza con Venezuela, según datos de Migración Colombia”. Y nos explicaba que “pese a que este fenómeno es recurrente, un importante porcentaje de la población en la capital nortesantandereana consideraba que la migración representaba una amenaza”.
Una realidad inocultable fue la que retrató el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en su boletín número tres y que fue citado por María Camila Ramírez: Los pasos ilegales son peligrosos para los migrantes, pero especialmente para las mujeres, pues se ven expuestas a sufrir violencias basadas en género. Allí hay “cuerpos que se movilizan de un país a otro, y junto con ellos transitan los sobornos de agentes de la Fuerza Pública de ambos países, las extorsiones de actores armados ilegales, las violencias sobre los cuerpos que migran, como el acoso, la humillación, las violaciones y las agresiones contra población LGBT. También transitan partes de cuerpos como cabezas, manos y pies que se dejan estratégicamente dispersos por las trochas, tales restos son además grabados y el material audiovisual es circulado por medio de cadenas de Whatsapp entre los habitantes para expresar su dominio sobre todas las formas de vida en La Parada y desmontar cualquier muestra de empatía ante tanta exhibición de crueldad”.
6.300 km de frontera terrestre tiene Colombia y la comparte con cinco países y costas en los océanos Pacífico y Atlántico.
¿Y qué pasa con las políticas públicas? Sí, es necesario hacer ese chequeo porque la población en Cúcuta creció. De acuerdo con Migración Colombia, en los últimos cinco años cerca de 110.000 personas se han establecido con vocación de permanencia en la capital de Norte de Santander, y eso se traduce en el 18 % del total de la población de esta ciudad. Un adelanto de este texto escrito por la Fundación Paz y Reconciliación: “Es necesario promover transformaciones de los estereotipos y percepciones sociales xenofóbicas en instituciones educativas, de salud y justicia, para mejorar el entendimiento sobre los efectos negativos de la violencia a lo largo de la vida de las mujeres y niñas migrantes”.
Hicimos un análisis sobre la situación en la capital nortesantandereana con varios de sus principales actores y allí, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Social de Cúcuta, Sergio Maldonado, contó que de 10 nacimientos que se dan en la ciudad, nueve son de madres venezolanas y que el 15% de la población de toda la ciudad ya es migrante, lo que implica retos no solo para la administración pública sino para las personas que han tenido que dejar su país de origen. “Nos quedamos muy cortos desde el territorio para hacerle frente. Hay una necesidad de un apoyo, de una política pública nacional de atención a una situación que ha dejado de ser temporal”, agregó.
Por el lado de La Guajira nuestra colega Daniela Bueno encontró que allí “hay cerca de 106.000 venezolanos” y de acuerdo con la fuente oficial, Migración Colombia, la mayoría permanecen en ese territorio de manera irregular. Irene Van Rij, jefe de suboficina de Acnur región Caribe, asegura que “en estos flujos existen riesgos en el viaje: la violencia de género, el fraude y la extorsión. El no conocer el país también genera dificultades”.
Este es un recorrido virtual por un Centro de Atención Integral, el mismo que se convierte en albergue para los migrantes.
Y, en medio de la tragedia que significa para muchas de estas familias moverse de un país a otro, también se convierten en el objetivo de las bandas criminales que operan en las fronteras. Escribía la Fundación Paz y Reconciliación, citando también a Migración Colombia, “que la entrada de esta población migrante, en buena medida, se ha dado por las 216 trochas o pasos informales a lo largo de los 249 km de frontera”. Dos días después publicamos un video que daba cuenta de “la presencia de los grupos ilegales en la frontera” y que se ha visto fortalecida por “la ausencia de las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela”. Se dejaba claro allí que “para hacerle frente al tema de seguridad” se hacía necesario abrir los pasos regulados, “que se restablezca el comercio y el trabajo interinstitucional desde ambos lados”.
El 29 de enero volvimos a Arauca porque ese fin de semana se registraron cinco homicidios. El modo en el que operan los delincuentes era el mismo, nos decían las autoridades: asesinatos selectivos perpetrados por pistoleros en moto. El lamentable balance era contundente: en menos de un mes ya se contaban casi 50 muertos producto de la violencia en esta región petrolera que ha sido escenario de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.
Sin despegar los ojos de Arauca, era necesario también preguntarse qué pasaba en el Tapón del Darién y por qué estaba llegando tanto migrante a esta zona del país. ¿Qué había pasado el año pasado? Como en las otras fronteras, allí también se sufren muchas violencias: “ha habido muertes de migrantes, abusos sexuales, violaciones y hurtos”. El impacto de las estructuras armadas, del Clan del Golfo, del tráfico de estupefacientes para Estados Unidos, Europa y América Central. Monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó; Wilfredo Menco, personero de Necoclí; José Rendón, defensor del Pueblo en Urabá; y Diego Piñeres, de la Cruz Roja, nos ayudaron a entender mejor la situación.
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En nuestro recorrido por las fronteras fuimos más allá del registro de las noticias y tratamos de entender el problema desde adentro en Arauca. Paz y reconciliación aterrizó la discusión y nos lo recordó en este texto: “La situación de orden público se ha agravado desde el 2 de enero, cuando se abrió un choque de eliminación mutua entre el Eln y las estructuras disidentes de las Farc”. La situación es dramática, sin exagerar, para todos: “De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, Violencias y Conflictividades de Arauca, entre el 1º y 27 de enero fueron asesinados al menos 15 ciudadanos venezolanos. Un panorama al que se suman los riesgos de amenazas, secuestros, desapariciones, desplazamientos, explotación sexual y reclutamiento forzado”, nos contaba Carlos Díaz, de la sección Nacional, quien escribió un texto desde donde se trataba de visibilizar a la migración en medio de la violencia armada.
Como en los otros casos, aquí también hicimos un conversatorio con actores que viven en la zona, para atender mejor la situación. Hablamos con Leidy Riera, Coordinadora de migrantes de la Fundación Garaje de Sueños; William Wielman, periodista de Meridiano 70; Etelivar Torres, alcalde de Arauquita; y Andrés Aponte, Investigador del área de dinámicas del conflicto armado de la Fundación Ideas para la Paz. Nos decía, por ejemplo, que aunque Arauca ha registrado en las hojas de su historia la historia misma del conflicto colombiano, sus actores violentos han cambiado en su accionar y en su poder de influencia. Por ejemplo, nos detallaba Aponte que el Eln se ha hecho más fuerte mientras que las disidencias de las Farc están más fragmentadas.
Y sobre Nariño, ¿qué había por decir? “Aunque ya se abrió el paso fronterizo por Rumichaca, en Ipiales, el negocio por los pasos ilegales persiste. Allí no solo se habla de los venezolanos que viajan hacia el sur, sino además de los que retornan y de los haitianos que siguen su camino hacia Necoclí”, nos contaba nuestra colega Mónica Rivera Rueda.
En un conversatorio sobre Ipiales, hablamos con Amilcar Pantoja, secretario de Gobierno de Nariño; Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la U. Externado; y Juan Pablo Velasco, psicosocial de la Fundación Paso a Paso. Cabrera recordó las dinámicas que vienen generando conflicto en algunas zonas del departamento, como el aumento en los cultivos de coca y la minería ilegal, además de la vinculación de distintos grupos armados a lo que se ha llamado tráfico de migrantes. Nombró a la temida banda criminal El Tren de Aragua, delincuentes venezolanos que ya estarían en varias ciudades de Colombia y por supuesto también en sus fronteras.
Información que confirmaba la Fundación Paz y Reconciliación quien citando trabajo de investigadores en el terreno nos decía en este texto que “las trochas y los pasos irregulares están controlados por grupos armados como el Tren de Aragua, quienes manejan el negocio del tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. Por otra parte, las disidencias de las Farc y Eln, aliados del narcotráfico, manejan el tráfico de estupefacientes y drogas”. Una historia que se repite, como en las demás fronteras. Aquí nos lo detallaban, tras una visita que hicimos a Rumichaca, y donde nos contaron de los más de 100 pasos ilegales que existen.
Aunque la realidad en las fronteras, que parece calcada, sigue dejando en el medio de todo no solo a los migrantes sino a los pobladores de estas zonas quienes resultan siendo siempre los más afectados por las dinámicas violentas de las que ya hemos hablado en este boletín, también era preciso mirar la casa a través de las otras ventanas. Lo que nos encontramos no es menos preocupante. Por un lado la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado informó, por medio de su más reciente monitoreo sobre la anexión de la niñez a la guerra en Colombia, que en el “2021 se duplicaron las víctimas y piden que la respuesta del Estado no sea solo militar”, nos contaba Felipe Morales Sierra. Que a corte del 13 de febrero de este año, según el ministro de Defensa y el del Interior, el 80% de los casos de asesinatos en Arauca “tiene claros nexos o vínculos con grupos armados organizados”. De lo que expertos y analistas llaman un “nuevo ciclo de violencia a nivel general” o de lo tarea que tiene la Fiscalía General de la Nación por medio de Hernando Toro, quien dirige la Unidad Especial de Investigación y quien tiene la responsabilidad de desmantelar las estructuras criminales, una “tarea titánica para este 2022″. Toro dice que detrás del 75 % de agresiones contra líderes sociales o excombatientes de las Farc hay una de estas organizaciones.
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La semana pasada Jhoan Sebastián Cote, nuestro compañero de la sección Judicial, habló con Yesid Ortega, investigador del CINEP, para entender las raíces del Eln pero sobre todo su presente y lo que está sucediendo en el Catatumbo y en la zona urbana de Cúcuta, la forma en la que viene desafiando al Gobierno y, además, el fuego cruzado entre, precisamente, el Eln, las disidencias de las Farc y la reciente alianza entre el Clan del Golfo y Los Rastrojos. La gente tiene miedo. Y no es para menos. Decía Ortega: “Salen las Farc del territorio tras el Acuerdo. Ese es un primer elemento desestabilizador, pero no es el único. Hay un peso, a mi juicio igual o mayor, y es la muerte de Megateo y el arresto y asesinato de quienes lo sucedieron al mando del Epl. Esto generó la existencia de grupos de jóvenes armados, con todo el prestigio social que daba un arma, sin un liderazgo fuerte como lo era Megateo y sus dos sucesores. Era un montón de jóvenes con mucha plata y muchas armas, armando el alboroto. Eso conllevó a que, en algunas zonas, la gente misma pidiera al Eln que pusiera en orden al Epl y lo que ellos estaban haciendo. Eso da inicio a una guerra cruentísima a inicios de 2018″. Y agregó: “Ahí, de nuevo la lucha no era solo copar los escenarios dejados por Farc, sino cumplir una demanda de la población civil de orden y seguridad. Al Eln se le va la mano y empieza a tener un repertorio y un protagonismo en la violencia regional que no tenía históricamente. En términos políticos y sociales sí había tenido mucho trabajo. Además, empieza la confrontación directa, porque antes hacían mucho uso de francotiradores y minas, pero evitaban mucho la confrontación porque sabían que podían salir perdiendo. En los últimos tres años el Eln se robustece militarmente y se expande”.
La dura realidad, para ponerla en cifras, dice que el 2021 fue el año con más masacres y desplazamientos desde el Acuerdo de Paz. Fue justo la sección Judicial quien nos explicó, de acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que los niveles de violencia presentados en 2021 son los mayores desde que se firmó la paz. Y las cifras crecieron en masacres (93), desplazamientos forzados masivos (146), combates (228), hostigamientos y reclutamiento de menores (89).
Ahora, en una bomba social que tiene muchas variables en la ecuación -cultivos de coca en aumento, narcotráfico que no para, Eln fortalecido y cada vez más visible, disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia, ahora el Tren de Aragua operando en territorio colombiano, los nacientes grupos criminales con armas y dinero de los que nos hablaba el investigador del CINEP, las ya conocidas estructuras delincuenciales como Los Rastrojos y el Clan del Golfo, el tráfico de migrantes, el control de los pasos ilegales en las fronteras, la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que terminan insertados en un conflicto de décadas- es una vez más la población la que queda en el medio. Como ha pasado siempre, o por lo menos desde que nacimos quienes bordeamos los 40 años, pues los violentos terminan logrando su cometido. Ahí están las cifras de desplazamiento forzado.
Ahora, para no ir tan lejos, el grupo armado ilegal del que hemos venido hablando en este boletín, el Eln, declaró paro armado desde las 6:00 am del 23 de febrero hasta la madrugada del 26 del mismo mes. “El Estado colombiano no puede permitir que a través de amenazas se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al respecto. Un rechazo de todos, por supuesto, pero mientras eso pasa supimos de un vehículo que fue incinerado en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, a la altura de la vereda El Descanso, del municipio de Caldono, Cauca. “Lo que sabemos es que alrededor de las 5 a. m. salieron algunos hombres con prendas alusivas al Eln que inmovilizaron un vehículo y procedieron a incinerarlo”, manifestó Danny Anacona, personero de Caldono, a Radio Nacional.
Para sumar, los asesinatos contra líderes sociales tampoco se detienen. “Teófilo Acuña y Jorge Tafur fueron asesinados en la noche del 22 de febrero, en San Martín, Cesar. Según información de testigos, sujetos armados llegaron a la vivienda en donde estaban, hacia las 9:45 de la noche. Inmediatamente les dispararon y los mataron. Acuña y Tafur eran voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes, que había denunciado, hace dos días, amenazas hacia comunidades campesinas del municipio”.
Pero, ¿por qué estamos viviendo esta sangrienta ola que analistas han llamado “nuevo ciclo de violencia a nivel general”? Víctor Barrera, Andrés Aponte y Charles Larratt-Smith proponían una respuesta en su texto Arauca en una perspectiva nacional: “La transformación del valor estratégico que adquirieron las regiones ante la desnacionalización de la guerra”, “el predominio de estructuras organizacionales más laxas y fluidas de los grupos armados que perpetran esta violencia” y lo que se entiende como “diversas organizaciones armadas han tenido como consecuencia un relevo permanente de cabecillas que, obligados a tomar decisiones en el corto plazo, descartan apuestas más estratégicas propias del mediano y largo plazo”.
Vivimos una evidente transformación del conflicto, ya quedó claro, ¿y entonces qué podemos hacer y cuál camino debemos tomar? Los tres analistas, Víctor Barrera, Andrés Aponte y Charles Larratt-Smith nos dejan varios puntos en los que nuestros líderes y lideresas (justo ahora cuando vamos caminos a elegir nuevo Congreso y nuevo Presidente) deben trabajar y nosotros apoyar: “La fragmentación de las organizaciones que perpetran estas violencias, el constante relevo de sus líderes y comandantes, la dificultad de estas organizaciones de entablar alianzas “programáticas” sostenibles en el mediano y largo plazo, y el inusitado valor estratégico de los territorios donde operan, plantean enormes retos en términos de con quién negociar estos acuerdos, sobre la base de qué contenidos y cómo hacerlos sostenibles en el tiempo”.
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