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Un reciente informe de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares da luces sobre un delicado asunto que fue alertado la semana pasada por Naciones Unidas en su informe que monitorea los cultivos de uso ilícito en Colombia. La ONU, además de señalar que hubo un crecimiento en Colombia de 26.000 hectáreas entre julio de 2022 y julio de 2023, señaló que en el departamento de Putumayo hubo un aumento del 77% en ese tipo de cultivos con respecto al año pasado. Escenario que, según ese organismo, es propiciado por las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco e Iván Márquez, quienes desde hace años hacen presencia en la frontera colomboecuatoriana.
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El documento de inteligencia de 16 páginas, conocido por El Espectador, presenta una radiografía completa de lo que está sucediendo en la zona. No solo porque presenta los detalles de las rutas de narcotráfico, sino porque también señala cuáles son los grupos armados que están detrás del control de estos caminos, tanto los nacionales como internacionales, y, además, apunta a un ingrediente que termina de agravar la situación: la corrupción de agentes estatales, tanto colombianos como ecuatorianos, que se hacen los de la vista gorda para permitir el paso de los alijos de cocaína.
En primer lugar, el informe afirma que las disidencias de las FARC, de la mano de ciudadanos ecuatorianos, estarían pasando los cargamentos de cocaína hasta zonas rurales de Tulcán, la ciudad fronteriza que conecta con el municipio colombiano de Ipiales (ver mapa). Pero también lo estarían pasando desde Putumayo a una zona de la provincia de Sucumbíos conocida como Cantón Lago Agrio y otra conocida como Pacayacu. A pocos kilómetros de allí, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, inteligencia militar dice que llegan los cargamentos de cocaína. Se trata de la comunidad de San Miguel, otro de los cascos urbanos más importantes en la frontera.
El documento también señala que por el Océano Pacífico, desde Tumaco, llega a la ciudad costera y ecuatoriana de San Lorenzo alijos de cocaína. “El poco control y la corrupción de militares en ambas zonas de la frontera permite que salgan y lleguen esos cargamentos. Hemos identificado, a través de testimonios de comunidades, que salen lanchas rápidas desde zonas costeras de Tumaco como Terán Milagros, Chontal, La Barca, Candelillas de la Mar, Chajal, Pueblo Nuevo, La Vega”, dice un funcionario estatal que hace presencia en la zona y pide que se reserve su identidad por motivos de seguridad.
El asunto de la corrupción estatal
Incluso, el informe en poder de este diario abre la puerta a la posible corrupción de agentes estatales: “El tráfico de narcóticos desde Colombia hacia Ecuador se presenta debido a alianzas criminales de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros. Para ser intermediarios de la droga que sale de Colombia, las pandillas ecuatorianas y el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) actúan como intermediarios dinamizadores del narcotráfico entre grupo criminales colombianos y cárteles mexicanos. Posibles casos de corrupción estatal han generado dificultad en la lucha contra el narcotráfico, contrabando, entre otros delitos”.
Sobre el MGTL se sabe que la Fiscalía colombiana y ecuatoriana le tiene los ojos puesto desde 2020 por su cercanía con las disidencias de las FARC de Iván Márquez, autodenominada como la Segunda Marquetalia. Según los entes investigadores de ambos países, alias el Paisa, el fallecido líder de las FARC, le dio asesoría militar al MGTL en esta frontera. La Fiscalía colombiana logró determinar el vínculo entre el Paisa y el movimiento armado de Ecuador gracias a los seguimientos que le ha hecho durante los últimos años a uno de los líderes del Movimiento Guevarista, quien era el designado para reunirse con el líder de la Segunda Marquetalia.
El eslabón internacional
El informe de inteligencia pone en los mapas la influencia que tendría el cartel de Sinaloa en Tumaco, pero no en hombres armados, sino en financiación de grupos criminales y eventuales visitas de emisarios del cartel. Ese mismo tipo de presencia la estaría haciendo el cartel en los municipios fronterizos entre los departamentos de Putumayo y Nariño: Ipiales, Orito y Valle del Guaméz. En esta frontera colombo ecuatoriana y colombo peruana, el Comando General señala que las disidencias de las FARC tienen contacto con fichas de la banda criminal Primer Comando de la Capital (PCC), una organización ilegal brasilera, considerada como una de las más grandes de ese país.
Esa mezcla de bandas criminales de todas las latitudes, que incluye también a carteles narcotraficantes de los Balcanes, ha sumido a Ecuador en una crisis de seguridad en la que sus propias bandas locales también tienen responsabilidad. Por ejemplo, en 2021 y 2022, esas organizaciones criminales ejecutaron motines en varias cárceles del país que terminaron en cientos de personas asesinadas. El asunto de seguridad es tan delicado en Ecuador que hace un mes fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen que fue ejecutado por seis colombianos, contratados, al parecer, por poderosos capos de Ecuador.
La inteligencia militar tiene la radiografía completa de cómo se mueven las mafias en esa frontera, un panorama que muestra el titánico desafío que tiene Ecuador para frenar, como sea posible, el despliegue de la mano negra del narcotráfico.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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