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La espera de más de dos décadas de los hermanos Orozco parecía haber llegado a su fin en febrero de 2021. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal de Cartagena ordenó restituirles a los herederos de Pablo Orozco la finca que la violencia paramilitar les arrebató: Campo Florido, ubicada en la vereda El Platanal, en lo que hoy se conoce como el corredor minero del Cesar. Ha pasado más de un año y no han podido volver a esa tierra y, seguramente, no podrán hacerlo jamás. El predio está ubicado sobre el título minero que el Estado le concedió a la multinacional Drummond para explotar carbón. Es inhabitable, no hay vegetación y hoy funciona allí el botadero de la mina.
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Quien alertó sobre la situación fue Drummond. En enero de este año, la minera le dijo a la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena que era imposible entregarles a los Orozco su finca porque toda la tierra está ubicada dentro del título minero que les entregó la autoridad minera que existía a finales de los años 90. Al cabo de unos días, llegaron al despacho de la magistrada que estudió el caso, Martha Patricia Campo, otros documentos que llevaron a que, en septiembre de 2022, accediera a modificar una de las órdenes de la sentencia. Así que, a pesar de tener un fallo a su favor, ya los Orozco no recibirán Campo Florido, sino un predio “equivalente”.
“Ellos dicen que ese predio está destruido, porque lo tienen de botadero. Dicen ellos, porque nosotros no lo hemos visto, no hemos ido por allá”, le dijo a este diario uno de los hermanos Orozco. La decisión le sacó ampolla a la familia, porque llevaban años pendientes de la restitución del predio y, cuando pensaron vencer, terminaron presos de la burocracia. Antes de la arremetida paramilitar en esta zona, al occidente de la serranía del Perijá y al sur de Valledupar, toda la familia se dedicaba a la industria lechera y a la ganadería. “Es una tierra donde uno pasó su juventud. Antes de esa violencia fuimos felices y sobrevivimos gozando de lo que producía la tierra”, dijo uno de los hermanos.
Cuando los paramilitares se fueron de El Platanal, muchos campesinos que volvieron a la zona se encontraron con que ahora allí funcionaba una gigantesca mina de carbón. Se trataba del proyecto minero El Descanso, encabezado por la empresa estadounidense Drummond, que se extendía por más de 31.500 hectáreas, alrededor de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso. El Estado colombiano otorgó todas las licencias para que entrara en funcionamiento a finales de los 90, tiene permiso de operar hasta el 2027 y produce 22 millones de toneladas de carbón al año. En medio queda la finca de los Orozco.
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Consultada por este diario sobre el tema, Drummond aseguró: “El predio fue adquirido por la empresa por instrucción del Gobierno Nacional, cumpliendo con toda la normatividad, con avalúos y estudios proporcionados por el Estado, y en un proceso que contó con el acompañamiento de la Procuraduría y otros entes estatales, siempre actuando de buena fe”. De hecho, en algunos documentos de la licencia ambiental del proyecto consta que la minera compró el predio en 2013, siguiendo órdenes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que le había exigido negociar o reubicar a las personas asentadas en El Platanal.
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Con evidencia en mano, el Tribunal de Cartagena declaró que la compañía no actuó con la diligencia requerida para comprar un bien que estaba ubicado en medio de una zona con tanta conflictividad. Fue entonces cuando le ordenó restituirlo a sus propietarios originales: los Orozco. El lío es que, en esa misma sentencia, el Tribunal ordenó que se hiciera un estudio sobre las características del terreno, responsabilidad que recayó sobre la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Esos análisis fueron llegando al despacho de la magistrada Campo, casi que a la par con la petición de Drummond. La conclusión fue la misma: el predio es inhabitable.
Uno de los hermanos Orozco incluso le dijo a este diario: “Una vez pasé por la orilla de la carretera y sí, al otro lado se ven unos cerros altísimos, como un botadero, pero no sabemos, porque no entramos”. La familia le ha pedido a la URT que les permita entrar al predio para ver en qué estado está, pero no ha sido posible. “Nos dijeron que no, que no nos iban a recibir”, añadió. Si bien él directamente no vivía en Campo Florido, sí visitaba con frecuencia a su padre y sus demás hermanos, por lo que cree haber reconocido dónde estaba ubicada la finca, de 36 hectáreas, en medio del gigantesco título minero que explota Drummond.
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Lo que pudo haber visto el señor Orozco es la escombrera 4 de la mina de carbón. Casi la mitad de la finca (el 42,62 %) está dentro de ese botadero. Según le dijo la ANM a la justicia, esa zona fue “autorizada por las autoridades Minera y Ambiental para depositar los materiales estériles producidos durante la explotación del mineral de carbón”. Además, aseguró: “El predio Campo Florido fue afectado por la deposición de material estéril producido por la explotación de mineral de carbón y tiene restricción ambiental, lo cual impide su delimitación física y usufructo, no presentando condiciones para habitar ni realizar actividades agropecuarias”.
La máxima autoridad minera del país anunció, finalmente: “Esta escombrera será recuperada y reforestada una vez se cumpla su capacidad para recibir el material estéril”. La URT, por su parte, concluyó que no podía admitir la finca en el fondo de bienes que después les entregan a las víctimas, por las condiciones en las que está. Así reza su concepto: “El predio objeto de examen no tendría la vocación para ingresar al Fondo de la Unidad de Restitución, atendiendo que el mismo se afectó producto de las obras y actividades autorizadas y producto de lo cual se ordenó el proceso de reasentamiento, reubicación y/o negociación directa con el caserío de El Platanal”.
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En su respuesta a este diario, Drummond referenció estos estudios y aseguró: “Hay una imposibilidad material de restitución porque el predio, que fue adquirido por la empresa, cumpliendo con toda la normatividad, con avalúo estatal y de buena fe, ya había sido intervenido por la operación minera. La capa vegetal fue removida, y es parte del frente minero activo, tal y como está aprobado por las respectivas licencias de operación”. En efecto, ente la petición de la minera y la información que allegaron la ANM y la URT, el Tribunal de Cartagena accedió a modificar su sentencia, en aras de garantizar la reparación de los Orozco como víctimas del conflicto.
“Al existir en el presente caso una imposibilidad de restitución inmediata del predio a los solicitantes, debido a que, como bien se logra concluir de los informes rendidos por la ANM y la URT, el predio Campo Florido ha sido utilizado como escombrera de material estéril de las actividades carboníferas, razón por la cual se requiere de intervención para ser recuperado y reforestado una vez se cumpla su capacidad para recibir el material, se torna necesario ordenar medidas que estén encaminadas a cumplir con el deber de reparación integral a cargo del Estado”, dice la decisión de septiembre de la Sala de Restitución de Tierras.
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Este diario consultó a la URT, que manifestó que acoge la modulación del fallo. “La decisión del Tribunal de Cartagena no va en contra de los intereses de los solicitantes, teniendo en cuenta que el predio que se reclama no tiene vocación para actividades agrícolas”, aseguró la entidad. Además, en la respuesta enviada a El Espectador, la Unidad dijo que respeta las decisiones de los jueces y que su labor es cumplirlas. En este caso, el Tribunal le ordenó a la URT que, de su Fondo, entregue un “predio equivalente al restituido” a los herederos. La decisión ya está en firme y las víctimas no tienen más recursos jurídicos.
La URT, además, señaló que lo que sigue con los solicitantes es un proceso de compensación, en el que ellos mismos podrán presentar predios que sean de su interés, en lugar de la finca que deberían recibir. Si no llegaran a resolver nada en esa etapa, la familia Orozco también podría recibir una compensación económica, según el avalúo comercial de la tierra de su familia. Sin embargo, las conversaciones con la Unidad van lento y, en ellas, los Orozco ya dejaron claro que no aceptarían algo por debajo del avalúo comercial de Campo Florido. Pese a que puede haber una negociación sobre el predio que recibirán, la justicia no ha tocado una premisa clave de la historia.
Las magistradas que revisaron el caso lo dejaron claro en la modulación del fallo: “La sentencia que disponga restituir un predio abandonado forzosamente y/o despojado se mantiene incólume”. Es decir, la decisión que declaró que el predio les fue arrebatado a los Orozco no cambia. Ante la justicia, el vertedero de esta gigantesca mina se ubica sobre un predio que fue arrebatado a víctimas del conflicto armado, en hechos que aún no son esclarecidos, pues el despojo en la región fue tal que ya van 27 demandas de restitución en las que sale mencionada la minera estadounidense Drummond.
Ya Jaime Blanco Maya, excontratista de la compañía, fue condenado por el asesinato de dos sindicalistas y está colaborando con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, dos exdirectivos de la minera, José Miguel Linares y Augusto Jiménez, fueron llamados a juicio en 2020 por financiar grupos paramilitares. Organizaciones como Pax en Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas le han insistido a la JEP que priorice esta subregión. Así, mientras en las salas de restitución de tierras se desentraña la verdad del despojo en el corredor minero, hay esperanza con la apertura del macrocaso 08, que investigará los crímenes cometidos de la mano con grupos paramilitares.
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