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La jornada de primera vuelta presidencial cerró con una nueva controversia sobre la participación de funcionarios públicos en política. Mientras el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, hicieron público su voto por el candidato Iván Cepeda, y el alcalde de Barranquilla, Arturo Char hizo lo mismo, pero a favor de Abelardo de la Espriella, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por unas declaraciones pronunciadas durante la apertura de un puesto de votación en Valledupar (Cesar). Para el Ministerio Público, sus palabras podrían interpretarse como un respaldo a una candidatura específica en plena contienda electoral.
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Según el organismo de control, Sanguino afirmó que una de las opciones en las urnas representaba el proyecto de transformación impulsado por el presidente Petro. Sus palabras textuales fueron: “Hay candidaturas que respaldan un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el presidente de la República y hay otras que se colocan en la orilla de la oposición y que quieren ofrecer otras ofertas distintas a las que hoy conducen los destinos de la Nación”. La Procuraduría consideró que esas expresiones podrían constituir una intervención indebida en política y ordenó la recolección de pruebas para establecer si el funcionario incurrió en una falta disciplinaria.
Entre las diligencias decretadas están la obtención de su certificación laboral y la recopilación de los registros audiovisuales de su intervención durante la jornada electoral. La actuación contra Sanguino se suma a otra decisión adoptada por la Procuraduría durante las elecciones. El organismo suspendió provisionalmente a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, e inició una investigación por presunta participación en política a favor de Iván Cepeda. La medida se tomó después de que circulara un video en TikTok en el que la mandataria aparece portando prendas con imágenes alusivas al candidato presidencial.
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La suspensión regirá, en principio, hasta la eventual segunda vuelta. Para la Procuraduría, la conducta atribuida a la alcaldesa podría constituir una falta gravísima por utilizar su condición de servidora pública para intervenir en la controversia electoral. Además de ordenar la suspensión, el ente de control dispuso una revisión técnica de la cuenta desde la que se difundió el video para establecer su autenticidad, fecha de publicación y alcance. La entidad sostuvo que mantener a la funcionaria en el cargo durante la campaña podría permitir la repetición de las conductas que hoy son objeto de investigación.
Orden público y denuncias electorales
Mientras avanzaban las votaciones, las autoridades reportaron varios hechos de seguridad y posibles delitos electorales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó un ataque con granada contra uniformados en El Paujil (Caquetá). Según el reporte oficial, un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó el artefacto explosivo contra integrantes de la fuerza pública que prestaban seguridad en la zona. El funcionario aseguró que no se registraron heridos e insistió en que los ciudadanos denunciaran cualquier hecho que pudiera afectar la transparencia de la jornada.
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Por su parte, la Fiscalía confirmó que seis horas después de la apertura de urnas ya se habían producido ocho capturas relacionadas con conductas que podrían afectar la transparencia electoral. El caso más relevante ocurrió en Ricaurte (Cundinamarca), donde fue detenido un hombre que transportaba más de $110 millones ocultos en una maleta y no logró justificar el origen de los recursos. El ente investigador inició el proceso judicial correspondiente y las actuaciones para el eventual decomiso del dinero incautado.
Las autoridades también reportaron la captura de cinco personas en Popayán (Cauca) por presunta corrupción al sufragante, una detención por falsedad personal en Cumaral (Meta) y otra por voto fraudulento en Valledupar. Adicionalmente, la Fiscalía investiga denuncias sobre posibles presiones de la guerrilla del Eln a votantes en una zona rural de Coyaima (Tolima). Al cierre de la tarde, el ministro Benedetti informó que el Gobierno había recibido 660 quejas relacionadas principalmente con constreñimiento al voto y presunta participación indebida en política de autoridades locales en diferentes regiones del país.
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Al cierre de la jornada, la Fiscalía reportó que logró materializar 85 órdenes de captura en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira. “Se trata de personas requeridas por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático”, explicó la entidad.
Uno de los detenidos, agregó la Fiscalía, fue un jurado de votación de Hato Corozal (Casanare), quien era buscado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. “Adicionalmente, 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En ese sentido, se les emitieron las actas de supervivencia y sus nombre fueron descargados de los registros oficiales”, concluyó el ente investigador.
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Al cierre de las urnas, la disputa electoral no solo quedó en manos de los votantes. También pasó a los despachos de la Procuraduría y la Fiscalía. Las investigaciones contra funcionarios públicos, las capturas por presuntos delitos electorales y las denuncias de constreñimiento al voto anticipan que parte de la batalla por la primera vuelta presidencial continuará ahora en los estrados judiciales. En los próximos días se conocerán los avances de todas estas investigaciones judiciales. En especial, los ojos estarán puestos sobre las medidas que pueda tomar el Ministerio Público en el caso del ministro Sanguino.
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