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Veintisiete días después del asesinato a sangre fría del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, la investigación logró dar con los primeros responsables. O al menos así lo confesaron cuatro de las cinco personas que fueron capturadas el pasado 3 de junio en Medellín, que ayer, ante un juez de garantías de Cartagena, aceptaron que participaron del crimen que paralizó Paraguay y que en Colombia provocó que las autoridades se volcaran a dar resultados con las pesquisas para dar con los culpables. No por nada el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, ha estado al frente de la investigación y por parte de la Fiscalía, el fiscal general, Francisco Barbosa, designó a uno de sus mejores fiscales: Mario Burgos.
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Los cuatro capturados que aceptaron cargos lo hicieron después de que la Fiscalía les imputara los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas agravado en una audiencia a puerta cerrada. El único que no aceptó su participación en el homicidio, que ocurrió el pasado 10 de mayo en la isla de Barú (Cartagena), fue Francisco Luis Correa Galeano, señalado por el ente investigador de ser el coordinador y financiador de toda la operación criminal. Se trataría de un exmilitar colombiano, reservista de la Cuarta Brigada del Ejército, condenado por violencia sexual, en concreto, por acceso carnal violento, y cumplió su pena a finales de 2011.
Según fuentes de la Fiscalía, a Francisco Luis Correa lo capturaron el CTI y la Policía en plena vía pública de Medellín durante las primeras horas del pasado viernes. Al exmilitar, quien pese a tener una condena por violencia sexual todavía es reservista, le fueron incautados una pistola nueve milímetros, dos proveedores, dos celulares y $6’450.000. Las pesquisas de las autoridades señalan a Correa de ser el encargado de organizar el atentado en contra de Pecci, de haber contactado a las personas encargadas de seguirlo en Cartagena, de haber contratado al conductor de la moto acuática que transportó al sicario, que también contactó Correa, para que perpetrara el homicidio en la isla de Barú.
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El funcionario judicial, como ya se sabe, era el investigador estrella en Paraguay de temas de mafia en su país y viajó a Colombia, a comienzos de mayo de este año, para pasar su luna de miel. Sus investigaciones y principales hallazgos de grupos de narcotráfico en la región habrían sido el detonante de la orden de asesinarlo. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado qué banda estaría detrás del caso. Por ahora, las pistas apuntan a que sería el Primer Comando Capital (PCC), una poderosa organización criminal brasileña que actualmente tiene negocios con las disidencias de las Farc de Iván Márquez para sacar droga por Venezuela y la Amazonia en las fronteras con Ecuador y Perú.
Mientras se esclarece si es cierto que el PPC está detrás del atentado, tres de los cinco capturados van a colaborar con la justicia, según Noticias Caracol. Lo que puedan aclararles a la Fiscalía y a la Policía sería clave para dar con los autores intelectuales del homicidio de Pecci, así como de si en el hecho participó la banda criminal El Tren de Aragua de Venezuela y si es cierto que cada uno de los implicados recibió US$120.000. Por ahora, lo que se sabe es que cada uno de los cinco capturados cumplió un papel determinado en el atentado en contra del fiscal paraguayo. Mientras Francisco Luis Correa habría sido el coordinador y financiador de la operación, Wendret Carrillo habría sido el sicario.
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Por su parte, Eiverson Zabaleta Arrieta es señalado de ser quien supuestamente transportó al hombre que apretó el gatillo, y Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes habrían seguido al fiscal en la isla. Todos, menos Correa, aceptaron su responsabilidad en el crimen del fiscal Pecci. Tres de ellos tratarán de colaborar con la investigación a cambio de algún beneficio en su condena, mientras que Correa deberá ir a juicio y defender su inocencia. Aunque el juez del caso todavía no ha dado detalles concretos, Correa podría enfrentar otro proceso, pues al parecer sería el autor de amenazas de muerte en contra del togado y otros funcionarios judiciales vinculados al caso.
Quien denunció las amenazas fue el mismo juez. “Por parte de uno de los procesados se han hecho manifestaciones amenazantes en contra de los funcionarios que celebran esta actuación, precisamente indicando esa posibilidad de hallar en cualquier lugar de la República de Colombia con el fin de dar muerte”. Por eso, el jurista le pidió a la Policía que tome las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de todos los funcionarios. La gravedad de las amenazas ocasionó que la audiencia de imputación de cargos, que se realizó ayer en Cartagena, fuera a puerta cerrada. Al finalizar la jornada, el juez ordenó recluir a todos los investigados en una cárcel.
Fuentes cercanas al proceso le indicaron a este diario que lo más probable es que sean trasladados a Bogotá, no solo por seguridad, sino para que quienes aceptaron colaborar estén “al lado” de la cúpula de la Fiscalía y de los grupos de élite que están liderando las pesquisas del caso de Marcelo Daniel Pecci. Mientras tanto, al tiempo que en Paraguay las autoridades celebraron el avance de las investigaciones y reiteraron su apoyo, el padre del fiscal, Francisco Pecci, señaló que el hijo que la pareja anunció que esperaba, minutos antes del atentado que acabó con la vida del funcionario, será hombre y se llamará Marcelo Daniel Pecci Aguilera.
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