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Desde Bucaramanga (Santander), el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó nuevos cuestioanamientos al programa de restitución de tierras señalando que el Gobierno Nacional debe escuchar las dudas que tienen los campesinos frente a la aplicación de la política pública.
El jefe del Ministerio Público indicó que muchas de las personas que actualmente se encuentran en esas tierras las adquirieron de buena fe, es decir no tienen relación con el despojo por parte de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.
Indica que la ley no revisa circunstancias especiales lo cual general escenarios de injusticia. «La conclusión es que la ley de restitución de tierras debe modificarse, existía una sana intención de quitarle la tierra a los victimarios como las Farc, el ELN, los paramilitares y las bandas criminales, pero en muchas ocasiones no se encuentran a los victimarios sino a terceras personas».
Agregó que a estos propietarios y campesinos, que las adquirieron hace 20 o 30 años sin conocer que habían sido despojadas por grupos armados ilegales, ahora se las están quitando. «Se está generando una violencia institucional, que es necesario contrarrestar (…) lo que se está presentando en las zonas es un conflicto entre campesinos».
Debido a estas falencias el Procurador General asegura que se debe modificar la ley para que tenga en cuenta a los ocupantes de buena fe y no se les quiten las tierras. Ordóñez Maldonado negó que esté haciendo campaña presidencial al participar en este tipo de eventos en los cuales se hace mención a la ley de restituión de tierras.
«Es un analfabetismo institucional, quien dice eso desconoce la Constitución y la ley. No hacerlo sería cumplir con mi deber, se les olvida que una de las funciones del Procurador General es hacer cumplir los derechos humanos», precisó ante las preguntas de los periodistas. «A mí ni el presidente ni nadie me va a impedir cumplir con mis funciones constitucionales».
Indica que el Gobierno debe reconocerle sus derechos a los opositores de buena fe, analizando cada caso. «El Gobierno no puede ser ciego, sordo y mudo de estas realidades que son dramáticas», precisó el jefe del órgano de control disciplinario al señalar que continuará convocando y participando en este tipo de debates.
Ordóñez Maldonado prefirió no hacer menciones frente al debate que se adelantará el próximo martes en la Sala Plena del Consejo de Estado en el cual se estudiará la ponencia que pide anular su reelección como Procurador General.
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