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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que sí tiene las facultades constitucionales y legales para investigar disciplinariamente y sancionar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y cualquier otro funcionarios público elegido por voto popular.
El jefe del Ministerio Público señaló que hasta el momento no se ha hecho efectivo el fallo que destituye e inhabilita por 15 años para ocupar cargos públicos al mandatario distrital puesto que no ha sido notificado ni personalmente ni por edicto.
En este sentido señaló que la suspensión ordenada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta fue emitida sobre un fallo cuyos efectos ni siquiera se han empezado a producir.
“La suspensión es sobre una decisión que no existen. Unos efectos que no se han empezado a producir, estos empiezan a correr a partir del momento de su notificación”, precisó el Procurador General.
El jefe del órgano de control disciplinario señaló que a partir del 29 de enero cuando se publique el edicto y se le notifique oficialmente al presidente de la República, Juan Manuel Santos empiezan a correr los efectos del fallo que fue dejado en firme el pasado 13 de enero.
Para evitar un caos, el Procurador General le pidió al presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se procesa a la acumulación de las 36 tutelas que se han radicado en contra del fallo sancionatorio.
Facultades
El Procurador General manifestó que la Constitución Política de 1991 le otorgó las facultades para investigar y tomar decisiones de fondo. Igualmente citó la sentencia de la Corte Constitucional en cual se dejó en firme la sanción disciplinaria en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz.
“Desde el año 1991 los seis procuradores han emitido a más de 1.656 sanciones a funciones de elección popular como senadores, representantes diputados, gobernadores, alcaldes y concejales”, precisó el jefe del organismo disciplinario.
Igualmente reseñó el denominado Pacto de San José que indica que la Procuraduría General que valida las normas que le otorgan la facultad para emitir sanciones e inhabilidades.
“Lo que pretenden crear unos funcionarios es un régimen sin control es establecer un fuero de impunidad que deslegitimaría nuestra institucionalidad”, precisó Ordóñez Maldonado.
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