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Procurador, empecemos por uno de los temas más sensibles del último año: los bombardeos ordenados por el Gobierno en varios territorios del país donde se confirmó la muerte de menores de edad. ¿Cómo está abordando la Procuraduría estos hechos?
Desde el primer momento en que se conocieron los hechos, la Procuraduría abrió investigaciones preliminares. Ya se han identificado los eventuales sujetos disciplinables y se está adelantando el recaudo probatorio inicial. Pero este es un tema que no puede mirarse de manera superficial. El bombardeo es una medida extrema que solo puede ordenar el presidente de la República y refleja la intensidad de una confrontación armada con organizaciones criminales que ya no son guerrillas ni insurgencias, sino estructuras dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.
Estas organizaciones utilizan prácticas absolutamente reprochables, como poner menores en medio de los combates o convertirlos en escudos humanos. Defender la vida de los niños es un principio sagrado, intangible, pero también hay que entender la realidad de una confrontación armada. En medio de un combate no es posible distinguir edades cuando se enfrentan hombres armados que disparan, emboscan o atacan con explosivos. La fuerza legítima del Estado debe ser proporcional, oportuna y planificada, y esa planificación se hace con inteligencia, con previsión, con información previa.
¿Cómo se evalúa esa previsión y en qué punto están hoy las investigaciones disciplinarias?
La previsión implica inteligencia militar: infiltraciones, imágenes satelitales, drones, verificación previa de lo que se va a encontrar en el terreno. Si después de ese ejercicio no se detecta la presencia de menores, la operación se ejecuta. Si hubo fallas en esa previsión, eso es lo que determinarán las investigaciones. Hoy estamos en fase preliminar, identificando posibles responsables, recopilando pruebas, evaluando la información. Si hay mérito, se abre una investigación disciplinaria formal y, si se establecen irregularidades, se avanza a pliego de cargos. Todo dentro del debido proceso y con absoluto respeto por las garantías.
En materia de seguridad también se conocieron denuncias sobre presuntos nexos entre funcionarios y disidencias armadas. ¿Cuál es el alcance de la Procuraduría en esos casos?
Lo primero que siempre hay que precisar es la temporalidad. La Procuraduría solo investiga conductas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Si los hechos ocurrieron cuando una persona no era servidor público, no son disciplinables, pero sí pueden ser penales, y eso lo investiga la Fiscalía. En los casos en los que sí había ejercicio de funciones, se abrieron investigaciones preliminares desde el primer momento. De manera paralela, las Fuerzas Militares adelantan indagaciones internas y la Fiscalía hace lo propio. Este es un sistema de controles que debe funcionar de manera articulada.
El presidente ha cuestionado públicamente a periodistas por algunas de estas revelaciones. ¿Tiene la Procuraduría competencia para actuar frente a ese tipo de señalamientos?
No. La Procuraduría no tiene competencia sobre el presidente de la República. Eso lo dejó claro la Corte Constitucional. El órgano competente es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Lo que nosotros hacemos es recopilar la información, clasificarla por temas y remitirla por competencia. Ellos deciden qué hacer. Si hay subalternos del presidente involucrados, ministros o altos funcionarios, ahí sí tenemos competencia y actuamos.
Usted ha insistido en la necesidad de desescalar el lenguaje político. ¿Ha visto algún cambio en los últimos meses?
Sí ha habido una mejora, aunque no es suficiente. Gobernar desde redes sociales no es sano para un Estado de derecho. Las decisiones públicas deben formalizarse en actos administrativos, no en trinos. Un trino no puede reemplazar la institucionalidad ni las formas propias del Estado. Además, los mensajes extensos, confusos, sin estructura ni claridad tampoco contribuyen al debate democrático. La tecnología no puede convertirse en una herramienta que debilite el funcionamiento institucional.
En medio de ese ambiente político, ¿ve riesgos para el proceso electoral, en particular por la relación con Estados Unidos?
No veo riesgos externos para las elecciones. La relación Estado–Estado funciona. Los verdaderos riesgos son internos: la violencia armada, el narcotráfico, la compra de votos, la desinformación, la polarización y los discursos de odio. Eso sí puede afectar la democracia. Un mensaje falso puede incendiar un pueblo, como ya ha ocurrido. Eso no viene de afuera, es un problema interno que debemos enfrentar como sociedad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido cuestionado por presunta participación política indebida. ¿Qué ha hecho la Procuraduría frente a esos señalamientos?
Hay investigaciones abiertas por participación política indebida. Y es importante subrayar la palabra indebida. No toda participación política está prohibida. El ministro del Interior es, por definición, un actor político. Lo indebido es utilizar el cargo, el presupuesto o el poder de nombramiento para inducir o forzar decisiones electorales. Cuando esa línea se cruza, se investiga. Estos procesos toman tiempo porque el proceso disciplinario es altamente garantista, incluso más que el penal, y no admite atajos.
El exfuncionario del gobierno Petro y hoy prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, fue visto en una fiesta vallenata en la embajada colombiana en Nicaragua. ¿Se van a tomar medidas al respecto?
Las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía, se pudo haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir, Cancillería y Embajada. Ya se abrió una investigación. Estamos determinando quiénes estaban allí, quien invitó, quien dio la orden, quien organizó la festividad. Están en territorio colombiano, allí tenemos soberanía, allí se extiende el ejercicio de la función disciplinaria y son los servidores los que tienen que responder por la presencia de Carlos Ramón González. Si se presentan las causales de suspensión provisional, sin duda alguna las habrá.
Algunos sectores han cuestionado que usted investigue al Congreso, del cual proviene. ¿Cómo responde a esas críticas?
Yo no era colega de los congresistas, era su subalterno. Todos los procuradores han sido elegidos por el Congreso y eso nunca ha significado falta de independencia. Lo que invito es a revisar mi gestión. En diez meses hemos abierto investigaciones a ministros, suspendido alcaldes y, sobre todo, hemos prevenido pérdidas millonarias al Estado. La sanción es la confesión de que la prevención fracasó. Nuestro énfasis ha sido evitar que los daños ocurran.
Para cerrar, ¿cómo define hoy su papel como procurador y qué mensaje envía sobre el momento institucional del país?
Yo me defino como el “rapitendero” de la Constitución. Le hago los mandados a la Constitución, no a gobiernos ni a partidos. Renuncié a cualquier militancia para ejercer como árbitro. Mi compromiso es con la institucionalidad y con la gente más vulnerable. Soy optimista. Las instituciones son fuertes, la Registraduría cumple su calendario y nosotros estamos impulsando la paz electoral, con presencia del Ministerio Público en todo el territorio. La democracia se defiende previniendo, no incendiando.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
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