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El procurador general, Fernando Carrillo, aseguró este jueves que no de declarará impedido para conocer las investigaciones del caso Odebrecht. El pronunciamiento se da dos días después de que Carrillo expidiera un comunicado admitiendo que, en 2016, desarrolló un contrato laboral de asesoría con Adminegocios & Cía. S.C.A., una empresa del grupo empresarial Sarmiento Angulo. El contrato tenía que ver con la promoción y comercialización del Edén Centro Comercial.
Carrillo aseguró que el contrato de asesoría que firmó no tiene nada que ver con los hechos que investiga como procurador general. “Yo me desempeñé como asesor mediante un contrato laboral para desempeñar unas funciones en materia de comercialización y de cooperación internacional”, dijo el procurador, quien agregó: “Jamás tuve conocimiento de hechos ni de contratos ni emití concepto jurídico alguno sobre los hechos de corrupción en la Ruta del Sol”.
(En contexto: Caso Odebrecht: por primera vez habrá fiscal ad hoc)
El pasado martes, el procurador explicó, a través de un comunicado de prensa, que desarrolló un contrato laboral de asesoría con la mencionada firma. «Ninguna de las obligaciones derivadas del objeto del contrato tuvo relación directa o indirecta con las funciones jurídicas, de control o de intervención judicial que la Constitución y la ley le atribuyen al procurador. Tampoco tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol 2, y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados”, precisó Carrillo.
Como procurador, Fernando Carrillo ha liderado dos acciones legales en el tema Odebrecht: en primer lugar, una acción popular contra la Concesionaria Ruta del Sol, es decir, contra Odebrecht y sus socios, Episol (de Corficolombiana, Grupo Aval) y CSS Constructores (de los Solarte). «Pedí las medidas cautelares que llevaron al embargo de las cuentas de todos los socios y se logró que el corredor vial volviera a manos del Estado, como en efecto ocurrió en agosto del año pasado«, explicó el alto funcionario.
(En contexto: Controversia por asesoría de Fernando Carrillo a empresa relacionada con Grupo Aval)
En segundo lugar, está el recurso ante un tribunal de arbitramiento. «En la controversia que se sigue en el Tribunal de Arbitramento, he liderado todas las acciones para intervenir como Ministerio Público y solicitar la nulidad absoluta del contrato por objeto y causa ilícita, sin allanarse o aceptar las reclamaciones económicas que han presentado la concesionaria y las sociedades que la componen», precisó el pasado martes.
El proceso del que habla Carrillo es la reclamación que Odebrecht le hizo a la Nación porque, supuestamente, al interrumpir la construcción o mejoras en la Ruta del Sol 2, el Estado le causó un perjuicio económico por el que debe responder. Inicialmente, Odebrecht pretendía una indemnización de unos $700.000 millones. En agosto de este año, la suma reclamada pasó a ser $3,8 billones. “La ciudadanía y la opinión pública tiene elementos de juicio para juzgar si, de alguna manera, mi juicio se ha sido afectado por algún tipo de contratación dentro de una organización”, finalizó.
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