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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado dio instrucciones a los delegados del órgano de control disciplinario priorizar las investigaciones que se adelantan por las irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por su parte, la procuradora delegada para la Infancia y Familia señaló que existen serias falencias jurídicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales en el mencionado programa. Actualmente la Procuraduría adelanta 145 investigaciones disciplinarias por estos hechos.
Hoyos indicó que en el 2013 se le envió una comunicación al presidente de la República, Juan Manuel Santos en la que se advertían esas fallas, sin embargo no se tomaron decisiones de fondo frente a las mencionadas inconsistencias.
“Sentimos que hay un silencio de parte del gobierno en este tema, podemos hablar de un silencio de los inocentes, porque termina afectando los derechos fundamentales de los niños”, señaló la procuradora delegada.
Indicó que pesea las recomendaciones se expidió el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015, con el cual buscaba reglamentar el PAE a las gobernaciones y alcaldías la responsabilidad de desarrollar el programa, sin que tuviera en consideración las recomendaciones sugeridas por las administraciones regionales.
La delegada calificó el programa como “insostenible e injusto” hecho que “implica una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, quienes son los directos afectados. Requerimos una revisión total del programa (…) El PAE está pensado para otorgar el 50 % de las calorías que necesita un niño. Pero algunas regiones solo pueden dar desayuno o almuerzo. Se está brindando realmente entre el 20 y 30 % de lo que necesitan”.
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