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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado hizo un fuerte llamado de atención ante las falencias en la aplicación de la ley 1641 de 2013, con el cual se establecen los lineamientos para la formulación de una política pública social para la protección de los habitantes de la calle.
Para el jefe del Ministerio Público, el Estado tiene todos las herramientas y recursos para solucionar esta problemática social, sin embargo, hasta el momento las autoridades encargadas de la aplicación de esta política pública en el Gobierno Nacional y el Distrito no la han promovido de la manera adecuada.
En este sentido aseguró que esta es una problemática social muy compleja por lo que se debe hacer todo lo posible por una adecuada articulación de todos los entes territoriales, nacionales y locales.
“Es indudable que esto afecta todos los escenarios de la sociedad. El desbarajuste, el desencuadernamiento de la sociedad se topa rápidamente con este fenómeno de los habitantes de la calle”, precisó el Procurador General al final de la reunión que sostuvo este martes.
Para Ordóñez Maldonado esta política pública hace referencia a la niñez, adolescencia, salud, género, educación, discapacidad, víctimas del conflicto, atención a los consumidores adictos, quienes habitan en la calle.
Para el jefe del órgano de control disciplinario no existe justificación para que las cifras sigan en aumento en todo el país.
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