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En una misiva enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado pidió la creación de mecanismos y políticas públicas efectivas frente a los casos de reclutamiento infantil y violencia sexual que han ejercido los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado.
En la comunicación se indica que en el marco del proceso de paz que se adelanta con las Farc y las futuras negociaciones que podrían concretarse con otros grupos armados ilegales, se deben evaluar y analizar las problemáticas de la victimización que han tenido que padecer los menores en este conflicto, así como la ejecución efectiva de mecanismos para la protección de sus derechos fundamentales.
Y es que para el jefe del órgano de control disciplinario el Estado tiene como obligación velar por la protección de los menores, indicando que la acción u omisión tiene responsabilidades internacionales que están vigilando el cumplimiento de las normas y tratados firmados.
El documento tiene como base los resultados del informe “Los niños y los conflictos armados” presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el cual se indican que las políticas y estrategias adoptadas por el Estado colombiano no han sido efectivas para monitorear la situación de los niños víctimas del conflicto armado, ni para incidir en la garantía de sus derechos.
Las 10 recomendaciones
La incorporación de la problemática de la victimización de los niños en el conflicto en el Acuerdo General de La Habana y en los pactos que eventualmente se suscriban entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
La evaluación del impacto de las políticas y planes de acción acogidos por la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, de la utilización y de la violencia sexual contra niños por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.
La adopción de medidas urgentes, especiales y estructurales a favor de los niños víctimas en el contexto del conflicto armado, que permitan la protección integral de sus derechos, así como la recomposición de sus familias desestructuradas y golpeadas por la violencia.
La revisión y ajuste de los planes de acción existentes, en especial el Plan Integral para la Promoción de Niños y Adolescentes con Oportunidades (PIP).
La articulación de las políticas y proyectos a favor de los niños víctimas del conflicto armado con los gobiernos de las entidades territoriales.
La garantía de la no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos de los niños en el contexto del conflicto armado interno.
El cumplimiento de lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para proteger efectivamente los derechos de los menores de edad.
La previsión de que los planes y programas del Gobierno Nacional y de los entes territoriales en materia de prevención y atención de esta problemática se estructuren con base en documentación confiable que abarque todo el territorio nacional.
La investigación integral, así como la sanción de los perpetradores, facilitadores o encubridores de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra niños y niñas.
Las directrices al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las demás entidades y autoridades que integran el Sistema de Bienestar Familiar para que no retarden, bajo ningún pretexto, la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
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