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Por la construcción en Cartagena del edificio Aquarela en inmediaciones del Castillo San Felipe, la Procuraduría General anunció la apertura de una investigación. La entidad busca establecer cómo se aprobó este proyecto urbanístico que afecta el paisaje visual del histórico sector.
Se trata investiga al curador urbano número 1 de esa ciudad, Ronal Llamas Bustos; al Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital, Corvivienda, Alberto Vélez Carrasquilla; así como al Jefe de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural, Alfonso Rafael Cabrera Cruz.
(Vea: Piden acciones inmediatas sobre edificio Aquarela, en cercanías del Castillo San Felipe)
El procurador Fernando Carrillo señaló que se indaga “la legalidad de los permisos, las licencias y los actos administrativos que permitieron la edificación que está atentando contra la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la ciudad de Cartagena”. Se busca establecer si esos documentos se ajustaron al Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
El pasado mes de febrero, el Ministerio Público había solicitado acciones a la Alcaldía de Cartagena para frenar la continuidad del proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, que tendría cuatro torres de 31 y 32 pisos. Adicionalmente tendrá una torre de seis pisos para parqueaderos.
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Desde Cartagena, el Procurador Carrillo también anunció que le pedirá al Consejo Nacional Electoral que revoque la inscripción del conservador Antonio Quinto Guerra para la Alcaldía de Cartagena. Quinto es uno de los nueve candidatos a la elección atípica, que busca reemplazar a Manuel Vicente Duque, quien afronta un proceso judicial por irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo como contralora de la ciudad.
Carrillo designó a un agente especial para hacer la petición formal. ¿La razón? Que Quinto Guerra al parecer estaría incurso en una inhabilidad por haber contratado con la Gobernación de Bolívar en el último año. Para sustentar la petición, el Ministerio Público pidió copias de la firma del contrato, de los otros síes que tenga y de su respectiva liquidación.
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“Las condiciones de igualdad que deben reunir los candidatos tienen que ver con que no haya prerrogativas en función de uno o en desmedro del otro. Estamos requiriendo al Ministerio de Vivienda sobre los contratos 329 de 2016 y 591 de 2017. Creemos, y vamos a copiar las pruebas, que esa inhabilidad se puede estar presentando porque dentro del año anterior a la elección se presentó una contratación con entidades públicas”, dijo Carrillo.
De acuerdo con el Procurador, la petición formal se hará cuando lleguen las pruebas solicitadas. “No puede haber una sola mancha de duda sobre las condiciones de los candidatos para aspirar a la alcaldía de Cartagena. De otro modo, estaríamos atentando contra la seguridad jurídica y contra el principio de igual de cara a los candidatos. Se trata de hacer cumplir la ley”, señaló.
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