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La Procuraduría General de la Nación tiene el ojo puesto en la protección de menores de edad frente al problema de la explotación sexual. El Ministerio Público emitió un fuerte pronunciamiento este 20 de abril en el que advirtió que hay fallas estructurales y de coordinación entre las entidades del Estado encargadas de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes. Problemas que, en su concepto, “obstaculizan la prevención y la atención efectiva de las víctimas”.
El pronunciamiento fue hecho por la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, en el marco del Encuentro contra la Explotación Sexual. Este evento estuvo liderado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, en coordinación con la Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional y la Fundación Renacer.
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La delegada señaló que el delito de explotación sexual de menores “constituye una grave vulneración de derechos humanos vinculada a la violencia de género y a prácticas discriminatorias que afectan profundamente la dignidad”. El Ministerio Público realizó un diagnóstico nacional en los 32 departamentos durante 2025, en el que detectó territorios críticos, falta de coordinación institucional y graves brechas en la atención.
Debido a esto, el ente de control emitió “directivas y recomendaciones técnicas para que las procuradurías judiciales de familia refuercen de inmediato la protección y el seguimiento efectivo a las víctimas del sistema”. Además, la delegada instó a las familias a mantenerse vigilantes como primer entorno protector de los menores de edad.
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Asimismo, pidió a las instituciones del Estado actuar de forma oportuna y con enfoque de género. También ordenó a los servidores públicos garantizar la “atención sin revictimización” y a la sociedad en general a rechazar con determinación cualquier forma de violencia contra la niñez.
Por otra parte, la delegada indicó que, según el observatorio de la organización Valientes Colombia, entre 2023 y 2025 se denunciaron más de 6.000 casos, con un pico de 2.251 registros en 2024. Agregó que esta tendencia coincide con los hallazgos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que, a través de su reciente operación estadística experimental, reveló que la Fiscalía recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025.
La Defensoría del Pueblo es otra de las entidades que le ha puesto la lupa a esta problemática. En 2025, su informe sobre las violencias de género en Colombia dio cuenta de que, solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo, en el país se presentaron 67 casos de explotación sexual de menores de edad. Antioquia lideró ese conteo, con 30 casos, seguido por Valle del Cauca y Bolívar, con ocho y cinco casos, respectivamente.
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