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La Procuraduría General citó a juicio disciplinario al exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus y Gloria Cecilia Cabrales Solano, en su condición de gerente de la Empresa Aguas de Córdoba E.S.P. por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la ejecución de proyectos para el suministro del agua en el departamento, Estos fueron financiados con regalías.
Según el pliego de cargos, el entonces mandataria departamental habría omitido la incorporación de las condiciones que se le exigirían a la Empresa Aguas de Córdoba S.A. como contratista del Convenio Interadministrativo en el año 2013, desconociendo la ley y los requisitos que se exigen para este tipo de contratación. El Ministerio de Público advierte que el proceso se habría hecho directamente sin realizar la debida licitación.
Lyons adempas habría omitido el seguimiento y control de este proceso contractual financiado con recursos del Sistema General de Regalías denominado “Optimización del Sistema de Acueducto Regional del Sinú Medio en el departamento de Córdoba”, durante los años 2013, 2014 y hasta mayo de 2015. El órgano de control disciplinario consideró que se habría presentado un incumplimiento de sus deberes pues como autoridad departamental debía velar porque un proyecto tan relevante para el mejoramiento de la calidad de vida regional se desarrollara en las mejores condiciones.
En el caso de Cabrales Solano, la Procuraduría General indicó que habría incurrido en una falla disciplinaria por las irregularidades en la suscripción de un contrato de obra con el Consorcio Sinú, cuyo objeto es el “Mejoramiento del Sistema del Acueducto Regional del Sinú Medio en el departamento de Córdoba”, y el cual tuvo un valor cercano a los 4.823 millones de pesos.
Se advierte que la celebración del mismo no contó con los estudios necesarios y suficientes, lo que conllevó, entre otros, al replanteo del proyecto y a la adición del plazo de ejecución en más de la mitad del término inicial, violando, al parecer, los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación pública, hecho por el cual se habrían incumplido los requisitos de contratación pública.
El Ministerio Público le reprochó a la funcionaria la falta de vigilancia a la correcta ejecución del citado contrato al permitir que se realizaran pagos por fuera de lo estipulado, pues a pesar de tener un avance de obra bajo, que a marzo de 2015 registraba una ejecución del 34.61% financieramente se ha ejecutado en un 98.17% de los recursos.
La Procuraduría Delgada para la Economía y la Hacienda Pública calificó las faltas endilgadas a los investigados como gravísimas, cometidas con culpa gravísima.
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