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La Procuraduría confirmó la destitución de los exgobernadores de Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y John James Fernández López, al encontrarlos responsables de suscribir convenios interadministrativos por un valor de $36.398.184.886. Los contratos fueron pactados entre Esaquín S.A., Proviquindío y la Gobernación del departamento con algunos municipios del Quindio. Los funcionarios, al parecer, evadieron los procesos de selección previstos en la ley para poder aprobar los convenios con esas empresas.
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El ente de control demostró, en el primer fallo, que estas empresas no tenían la capacidad técnica, administrativa, logística ni operativa para recibir ese tipo de contratos por lo que tuvieron que acudir a otras empresas, es decir, fueron intermediarios para poder cumplir con las obligaciones pactadas en los contratos. Las faltas de los exgobernadores fueron calificadas como gravísimas. La Procuraduría inhabilitó a los funcionarios por 11 y 10 años respectivamente, para el ejercicio de cargos públicos.
El Ministerio Público aclaró que no está prohibido subcontratar, pero cuestiona que el convenio interadministrativo, es decir la responsabilidad directa para responder por las obligaciones, se haya hecho con empresas que no podían sortear dicha carga, razón por la cual tuvieron que subcontratar. En el mismo proceso también se suspendió a los exgerentes Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo, de la Promotora de Vivienda del Quindío Proviquindío, por tres meses y Heidelman Grajales Puentes, de la Empresa de Servicios Públicos, Esaquín S.A. por seis meses. Asimismo, el Ministerio Público consideró que los funcionarios públicos violaron el principio de transparencia, entre otras normas.
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