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La Procuraduría General destituyó y sancionó con 10 años para ocupar cargos públicos al inspector del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), Carlos Arturo Peña Arango por poner en riesgo la vida e integridad de un interno en el establecimiento de alta y mediana seguridad de Valledupar (Cesar).
En la investigación el Ministerio Público pudo establecer que el funcionario le ordenó a la guardia del penal que lanzara gases lacrimógenos en contra del interno lo que le ocasionó lesiones en extremidades y tronco que le significaron una incapacidad de 15 días.
La Procuraduría Regional del Cesar calificó la falta como gravísima, cometida a título de dolo, pues con conocimiento y voluntad el disciplinado se apartó de claros mandatos constitucionales, legales y funcionales para la labor que estaba desempeñando.
La decisión de primera instancia quedó en firme pues la defensa técnica del procesado no presentó el recurso de apelación.
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