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La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a un cabo del Ejército tras hallarlo responsable de participar en los hechos en los cuales murieron dos jóvenes que presentaban limitaciones físicas.
El Ministerio Público determinó que en el marco de la operación Audaz, Misión Táctica No.7, el cabo primero, quien comandaba la Unidad Cocodrilo, ordenó la muerte de un joven que era sordomudo y otro que tenía problemas de audición.
En la recaudación de los elementos materiales probatorios se pudo establecer que los dos jóvenes y señalaron que se dedicaban a trabajar en las veredas en diferentes labores, especialmente la agricultura.
“(El uniformado) desbordó la función pública asignada pues desvió esa actividad legítima del Estado y ejecutó una conducta que trascendió la misión constitucional de la Fuerza Pública como es la de protección de la vida e integridad de las personas cometiendo un acto ajeno al servicio”, precisa uno de los apartes del fallo.
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