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La Procuraduría General aceptó estudiar una queja radicada por las presuntas irregularidades en los procesos de licitación para la adjudicación de contratos que se han presentado en el Inpec.
Según la queja presentada un grupo de congresistas se estarían reuniendo con contratistas interesados para aplicar a los procesos de licitación con un grupo de funcionarios del Instituto carcelario a cambio del pago de un 15 por ciento de la contratación adjudicada.
En la acción la quejosa advirtió que fue testigo de una reunión como contratista del Estado para que hiciera parte de un grupo de empresas de licitaciones que va a sacar la Unidad (…) para lo que me pidieron una comisión del 15% por los contratos que fueran adjudicados».
En la queja se indica que es menester al parecer se estarían escogiendo a algunos contratistas para que fueran beneficiados en la adjudicación de multimillonarios contratos.
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