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Luego de cerca de seis años en que siete campesinos fueron asesinados a manos de la Fuerza Pública y 20 más resultaron lesionados en la vereda El Tandil, en zona rural de Tumaco (Nariño), la Procuraduría formuló pliego de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de policía que habrían participado en estos hechos.
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El día de la masacre, el 5 de octubre de 2017, entre las 9 y 10 de la mañana, se concentraron cerca de 2.000 campesinos que protestaban contra operaciones de la Fuerza Pública y los incumplimientos del Gobierno de Juan Manuel Santos con los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con las investigaciones que han adelantado las autoridades, los campesinos les habían solicitado a los uniformados que abandonaran la zona. Sin embargo, hicieron caso omiso y por eso volvieron a concentrarse y pidieron de nuevo a la Policía y al Ejército que se fueran.
A eso de las 10:30, mientras los líderes de la protesta dialogaban con el comandante de los policías presentes para levantar el paro, se escucharon los disparos donde fallecieron los siete campesinos. Luego del caos y de las denuncias de la comunidad, la primera versión de la Policía y el Ejército apuntó a que tuvieron que responder con balas, porque habían sido atacados. Sin embargo, las labores investigativas determinaron que no hay evidencias de explosiones o cráteres en la zona.
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En este sentido para la Procuraduría, según el material probatorio recaudado hasta el momento, los policías habrían afectado gravemente los derechos a la vida y la integridad física de los campesinos asesinados, sin contar con el grave riesgo en el que pusieron a las demás personas allí presentes. “Los ciudadanos se encontraban en estado de indefensión pues, además de no ofrecer resistencia alguna, en su mayoría, recibieron impactos de disparos por la espalda, esto es, cuando trataban de salir del lugar de los hechos”, asegura el Ministerio Público.
Ante este argumentó la Procuraduría le endilgo al capitán, Javier Enrique Soto García, comandante del Núcleo Delta no haber evitado, pudiendo hacerlo, que un grupo de policías que estaban bajo su control se extralimitaran en el uso de sus armas de dotación.
Frente a los demás integrantes de la policía el cargo imputado hace referencia a la presunta omisión de su función orientada a proteger a todas las personas y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades,
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