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En primera instancia la Procuraduría Regional del Meta destituyó e inhabilitó por 10 años a los 19 concejales de Villavicencio por elegir a la contralora de esa ciudad, Luz Victoria Leal Carrillo, sin tener en cuenta que una inhabilidad le impedía ejercer cargos públicos. La funcionaria también fue destituida.
La decisión, que podrá ser apelada ante la Procuraduría General de la Nación, se debió a que sobre Leal pesaba un fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría en su contra por irregularidades en un contrato de publicidad que ella firmó siendo funcionaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio. El fallo venció en noviembre de 2011, casi nueve meses después de que Leal fuera elegida contralora de la ciudad.
El Ministerio Público consideró grave que los cabildantes hubiesen elegido a Leal sin siquiera revisar su hoja de vida.
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