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La Procuraduría General inició un proceso de vigilancia superior al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en relación con la organización del Programa de Adopción a nivel nacional e internacional.
El Ministerio Público busca establecer si existen irregularidades en los programas de adopción ejecutados por a cinco instituciones autorizadas en Bogotá, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales y de los lineamientos técnicos por parte de las instituciones y el Programa de Servicios de Atención Especializada en Protección (contratos de aporte), en cumplimiento de lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia.
En este sentido, la procuraduría delegada para Infancia y Adolescencia “verificará si el Programa de Adopción está orientado a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, además de constatar y constatar si en el desarrollo del Programa de Adopción se ha implementado la doctrina de la protección integral. De las visitas realizadas se levantarán las actas respectivas y se rendirá un informe al ICBF.
“Con esta actuación preventiva la Procuraduría General de la Nación da cumplimiento a la función de vigilancia superior con fines preventivos y de control de gestión a las entidades públicas y a los particulares que cumplen funciones públicas, en defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su contexto familiar”, precisó el Ministerio Público.
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