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Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría General presentó un documento en el que se solicita se suspenda la venta de las acciones del Gobierno de la empresa de energía Isagén S.A. E.S.P.
En el documento se manifiesta que hasta el momento no se conocen los estudios en los que se fundamenta esta decisión tomada en un Consejo de Ministros el pasado 29 de julio. «No se conocen documentos o estudios que dieron lugar a la aprobación de la venta de acciones».
Igualmente se señala que de accederse a la venta de estas acciones (el 57.66 % de la empresa de energía) se estaría afectando el interés colectivo y los derechos de la sociedad «y de forma particular al derecho colectivo al patrimonio público». (Ver Los argumentos claves de la demanda del expresidente Uribe por venta de Isagén)
El órgano de control disciplinario indicó además que se desconoce el costo total y de las acciones por lo que de se estaría incurriendo en una irregularidad si se admite esta venta. Además se argumenta que no existe claridad frente a la protección del medio ambiente.
Para la Procuraduría General es menester aclarar si con la aprobación de esta operación el Estado continuaría siendo el socio mayoritario de la empresa o si con esto «se afectará el servicio público de energía en sí mismo, su prestación o el costo final de la misma».
Con estos argumentos se pide la «casación inmediata y suspensión» de los actos que determinar la venta de las acciones del Estado. (Ver Pedirán testimonio de Santos en demanda por venta de Isagén)
Esta solicitud fue presentada en el marco del estudio de la acción popular presentada por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
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