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Por la presunta existencia de un nuevo carrusel de la contratación que involucraría a la red prestadora de este servicio público, la Procuraduría abrió, este sábado, indagación preliminar contra varios funcionarios —por determinar— de entidades públicas del sector de la salud en el departamento de Antioquia.
En concreto, el Ministerio Público indaga las denuncias hechas por el concejal Bernardo Alejandro Guerra sobre la posible existencia de actos corruptos en los cuales, al parecer, estarían involucrados gerentes de hospitales públicos, personal directivo de centros asistenciales, funcionarios de organismos de control, servidores y contratistas.
Igualmente, la Procuraduría indaga supuestas irregularidades que habrían causado detrimento económico a través de la contratación con instituciones de salud y un supuesto tráfico de influencias. Por esa razón, el órgano de control ordenó practicar pruebas —documentales y testimoniales— con el fin de obtener información que permita identificar los posibles autores autores.
Asimismo, el Ministerio Público buscará verificar cómo habrían sucedido estos hechos y determinar, por otro lado, si constituyen en faltas disciplinarias «o si se actuó al amparo de alguna de las causales de exclusión de responsabilidad y demás conductas conexas». La indagación sobre este presunto cartel con recursos de la salud en Antioquia la adelanta una comisión especial del Ministerio Público.
Está comisión, creada por el propio procurador general, Fernando Carrillo, hacen parte los delegados para la Contratación Administrativa, la Salud, la Protección y el Trabajo Decente y la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, por lo deberán tomar decisiones de acuerdo con los hechos denunciados.
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