Procuraduría indagará a coroneles del caso grafitero

De esta manera, estos altos oficiales están siendo ya investigados tanto penal como disciplinariamente. El pasado 27 de junio la Fiscalía imputó cargos en su contra porque, al parecer, estuvieron implicados en la manipulación de la escena del crimen donde murió el joven grafitero, Diego Felipe Becerra, de 17 años de edad.

El propósito del Ministerio Público es establecer si tanto Arévalo como Vivas –en esa época comandante de la Estación de Suba y subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), respectivamente– estuvieron presentes en el lugar de los hechos e impartieron órdenes de que se modificara la escena del crimen para favorecer al patrullero Wilmer Alarcón, el uniformado que disparó contra Becerra.

Algunos de los elementos con que cuenta la Procuraduría para esta indagación son las declaraciones de los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez y del teniente Rosemberg Madrid, quienes también están siendo procesados penalmente por este caso. Según ellos tres, los coroneles Vivas y Arévalo participaron en la ‘escenificación’ del crimen, plantando un arma de fuego que incriminara al joven grafitero con el atraco a un bus de servicio público, lo que habría justificado la reacción de Alarcón.

Otro de los hechos que dan origen a la investigación preliminar es que el patrullero Rodríguez admitió ante la Fiscalía que en la primera versión que él dio ante la oficina de asuntos internos de la Policía había mentido pero que, al salir de la diligencia, el abogado Héctor Hernando Ruiz (asesor jurídico de la Policía de Bogotá en esa época y también llamado a juicio por este caso) rompió su declaración porque, supuestamente, estaba vinculando a oficiales de alto rango y eso podría perjudicar su carrera.

El patrullero agregó que le tomaron una nueva declaración ajustada a los parámetros impartidos por el abogado Ruiz. Con estas maniobras, ha reiterado la Fiscalía, se buscaba proteger a Arévalo y a Vivas. El pasado 4 de julio, la jueza 64 de garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra los oficiales ya que consideraba que el ente investigador no había sido claro en cómo habían participado los uniformados.

A lo largo de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra ambos coroneles, que duró siete días, una agente de inteligencia de la Policía fue descubierta tomando fotos y grabando videos de los familiares de Diego Felipe Becerra, el fiscal del caso y los abogados de las víctimas. Fue identificada por agentes del CTI de la Fiscalía como Yorely Stefany Suárez, patrullera de la Mebog.

Esta situación prendió las alarmas entre las partes procesales porque los padres de la víctima, Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, y la abogada de ellos, Miryam Pachón, han denunciado públicamente que han sido amenazados e intimidados a lo largo del proceso. La abogada Pachón, quien cuenta con un esquema de seguridad, solicitó una reunión con el comandante de la Mebog, general Luis Eduardo Martínez, para conocer qué medidas se van a tomar al interior de la institución con respecto a la patrullera Suárez.

Recientemente, la administración de talento humano de la Policía le verificó a la abogada Pachón que Yoreli Suárez si era un miembro activo. Asimismo, Pachón manifestó que además de haber estado tomando fotos al interior de la audiencia, también les había preguntado a periodistas que cubren este polémico caso sobre datos personales de ella, de la familia del grafitero y del fiscal.

“Al general Martínez le voy a preguntar sobre cuál va a ser la estrategia de investigación al interior de la institución contra Yoreli, porque no comprendo la razón de que una agente nos esté tomando fotos y preguntando datos personales de nosotros”, puntualizó la abogada de víctimas. Pachón agregó que en los últimos días vecinos suyos le han manifestado que personas desconocidas se han acercado a sus viviendas para hacerles preguntas sobre la hora en la que ella sale a trabajar; qué actividades realiza regularmente; y a qué hora regresa normalmente.

“Es un caso que genera amores y odios”, dijo el fiscal del caso tras el suceso con la agente de la Policía. Gustavo Trejos también envió hace dos semanas una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que solicitaba protección para los abogados, el fiscal y su familia ya que temía por sus vidas.