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La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos al exgobernador de Caquetá, Juan Carlos Claros Pinzón por las irregularidades en la suscripción de un contrato de prestación de servicios suscrito por 120 millones de pesos en el año de 2007.
Los hechos están relacionados con la suscripción de un contrato para ejercer la interventoría a los contratos de prestación del servicio público educativo a población vulnerable en los municipios del Caquetá sin agotar previamente un proceso de selección para escoger al contratista.
El Ministerio Público precisó que por tratarse de un contrato de interventoría el entonces mandatario departamental debió someter la escogencia del contratista a un proceso contractual mediante la modalidad de contratación directa.
La Procuraduría encontró que el entonces secretario de Educación y Cultura de Caquetá también incurrió en falta disciplinaria porque impartió el visto bueno en el citado contrato sin que previamente se agotara un proceso contractual bajo la modalidad de contratación directa, desconociendo los principios de transparencia, responsabilidad y de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Por esto, el órgano disciplinario lo destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.
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