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En fallo de primera instancia, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Movilidad de Bogotá, Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano por su participación en las irregularidades que se presentaron en la prórroga hecha en febrero del 2014 al contrato del Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).
Para el Ministerio Público, el exfuncionario se apartó de los principios de transparencia, vigilancia y selección objetiva en la ampliación de este contrato que se sustentó en la construcción de una bodega por parte del SIM que no estaba en el contrato inicial.
En el fallo se manifestó que no se justificó la extensión del convenio por seis años afectando así las leyes de contratación que rigen todos estos procesos.
“Quebrantó sus deberes constitucionales”, precisó la procuradora del caso al indicar que se presentó una falta disciplinaria gravísima por desatención elemental ya que no buscó una asesoría frente a la extensión del convenio en mención.
Los hechos materia de investigación tienen relación con los estudios de oportunidad y conveniencia hechos por la dirección del Servicio al Ciudadano de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en los que se justificó la necesidad de contratar a través de concesión, la prestación de los servicios administrativos de los registros de automotor, conductores y tarjetas de operación para la Secretaría de Movilidad.
Basándose en esto adelantó una licitación pública y, como consecuencia de dicho proceso licitatorio se celebró un contrato de concesión el 24 de diciembre de 2007 entre este despacho y el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).
Posteriormente, el 10 de febrero de 2014, los investigados suscribieron los estudios de conveniencia y oportunidad donde se justificó adicionar y prorrogar el citado contrato celebrado el año 2007 y, para ello, el señor Rodríguez Zambrano celebró un otrosí en el que estipuló que el concesionario debía adelantar los estudios técnicos y realizar una obra civil para ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría de Movilidad a la concesión y como contraprestación prorrogó el plazo de ejecución del contrato de concesión por seis años más, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.
En ese sentido, considera la Procuraduría que al tratarse de un objeto contractual nuevo, diferente al pactado inicialmente, se debía suscribir otro contrato, para lo cual, según los costos proyectados en la propuesta del consorcio SIM y los estudios de conveniencia y oportunidad, debía adelantarse un proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública.
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