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Una comisión judicial del Ministerio Público, liderada por la procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa y la Función Pública, María Eugenia Carreño, viajó a Bucaramanga, Santander, para esclarecer si e concesionario que ejecuta la obra del viaducto de la Avenida Novena de esa ciudad recibió un trato preferencial por parte de la administración municipal en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
El contratista estaba obligado a cancelar el valor de una estampilla, denominada del adulto mayor y, al parecer, canceló un porcentaje por debajo del estipulado por las normas de contratación.
La Procuraduría adelantará entrevistas y efectuará revisiones sobre los contratos y pliegos de condiciones de la concesión para establecer si hay responsabilidad disciplinaria o no de parte de los funcionarios encargados del tema.
El organismo de control preparará un informe en el que determinará si el pago del impuesto sí se produjo dentro de los parámetros dictaminados por la Ley o si, por el contrario, la cancelación de esta obligación se dio bajo la existencia de un trato privilegiado para el contratista
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