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Procuraduría interpondrá acciones jurídicas contra condena a Plazas Vega

Según el Ministerio Público existen «yerros jurídicos» y procedimentales en la sentencia que ratificó la condena de 30 años contra el militar.

31 de enero de 2012 – 07:48 a. m.

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Al considerar que se presentaron serias irregularidades procesales, la Procuraduría General presentará acciones jurídicas contra el fallo con el que se ratificó la condena de 30 años en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

En los próximos días el Ministerio Público presentará ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación en contra de la sentencia en segunda instania proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el pasado lunes en contra del militar por el delito de desaparición forzada.

“Considera que el Tribunal Superior erró gravemente al condenar al coronel Plazas Vega con ausencia de certeza para hacerlo, especialmente en lo referente a los requisitos planteados para la atribución del delito de desaparición forzada, en cuanto al dolo y la acción”, precisa el fuerte comunicado presentado en la tarde de este martes por la Procuraduría

Sostiene el Ministerio Público que en la ratificación de la condena se “vulneró de manera grave” un principio fundamental del derecho, puesto que al momento de los hechos (en noviembre de 1985) el delito de desaparición forzada no estaba consagrado en el ordenamiento jurídico de Colombia.

En el comunicado se advierte que en la condena no se presentaron pruebas ni testimonios que comprobasen la culpabilidad del excomandante de la Escuela de Caballería, hecho por el cual se señala que la sentencia se basó en “dudas razonadas”.

Conforme lo hiciera el Ministerio de Justicia en horas de la mañana, el nuevo comunicado también cuestiona  los argumentos presentados por el Tribunal Superior en los que se le solicita al Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional revisar la posibilidad de abrir una investigación contra el ex presidente Belisario Betancourt por los hechos relacionados, principalmente, con la operación de recuperación del Palacio de Justicia.

En este caso, se señala que la Comisión de Acusaciones del Congreso, juez natural de los presidentes de Colombia, ya emitió una decisión sobre la responsabilidad de Betancourt por los hechos del Palacio de Justicia.

Ante esto considera que la Corte Penal Internacional “no tiene jurisdicción sobre hechos ocurridos en Colombia antes del año 2002”, fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma para el Estado en materia de Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, hecho por el cual no puede hacer nada ante el llamado Holocausto de Palacio de Justicia ocurrido hace más de 26 años.

Entre las otras consideraciones emitidas por la Procuraduría se critica el hecho de que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Defensa tengan que presentar disculpas públicas, puesto que de acuerdo con su interpretación la responsabilidad sobre los hechos demandados recaería exclusivamente sobre el coronel en retiro de acuerdo con el cuestionado fallo.

Finalmente el Ministerio Público pone de presente su preocupación “por lo yerros jurídicos y procedimentales visibles en la decisión judicial”.

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