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La Procuraduría abrió una indagación previa contra miembros del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, por supuestas irregularidades en la contratación de obras de casas fiscales en los municipios de Nilo (Cundinamarca) y Buenavista (La Guajira).
Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, funcionarios públicos de ambos departamentos han recibido información sobre la posible pérdida de recursos, “producto de la suspensión de las labores de construcción de 36 casas” que no fueron entregadas a tiempo.
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La Procuraduría señaló que no es claro a dónde fueron a parar $2.000 millones de dinero público que había sido desembolsada como parte de los anticipos para las obras entre 2019 y 2021. Además, agregó la entidad, esos contratos ya se vencieron y las obras se suspendieron definitivamente en agosto pasado.
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“La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluyó la Procuraduría en el comunicado de prensa.
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