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La Procuraduría General le envió una carta al Gobierno con el fin de que se ejecuten soluciones a corto plazo frente a la grave crisis que viven los habitantes de Gramalote (Norte de Santander) cuyo municipio fue destruido por una falla geológica en diciembre de 2010 durante la ola invernal que azotó al país.
En la comunicación se manifiesta la necesidad de solucionar las dificultades técnicas, sociales y presupuestales del proyecto de reconstrucción de dicho municipio para así proteger los derechos de los gramaloteños, frente a la entrega de lotes, viviendas y locales comerciales.
En este sentido se manifestó la necesidad de estructurar técnicamente las condiciones de reasentamiento de la totalidad de los gramaloteños, identificando las tipologías de familias beneficiarias y protegiendo los derechos de quienes al momento del fenómeno natural figuraban como propietarias.
Igualmente la procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales instó a priorizar la reubicación de las familias, teniendo como referencia diferentes aspectos como la edad, la ubicación barrial y los planes de urbanismo.
Finalmente se presentaron inquietudes frente a las medidas que se tomarán con el fin de garantizar las futuras construcciones con el fin de que cumplan la normativa para la prevención de desastres, con el fin de que garanticen la estabilidad de los terrenos y no afecten las generalidades vecinales.
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