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La Procuraduría General le solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) que entregue un informe frente al presunto maltrato físico al que habría sido sometido un canino en el marco de un entrenamiento en el centro penitenciario de La Picaleña, en la ciudad de Ibagué (Tolima).
En el documento se le pide al Instituto que indique cuántos perros trabajan en los centros penitenciarios y cuál es la edad de los caninos cuando los inician en entrenamientos y/o adiestramientos. Cuál es el control que tiene esa institución para excluir de manera temporal de las labores de vigilancia a las hembras cuando se encuentran en celo, preñadas o en periodo de lactancia.
Además la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios pide que aclare si estos animales cuentan con un servicio veterinario permanente; cuáles son los criterios para determinar los cuadrúpedos que son aptos para trabajar al servicio del Inpec; y cómo verifican la idoneidad de los adiestradores o entrenadores de animales allá, entre otras.
De igual forma, el ente de control requirió al instituto penitenciario para que informe sobre las acciones que han realizado al respecto, luego de conocerse las supuestas manifestaciones de maltrato animal.
Esta Procuraduría Delegada advierte que de ser ciertas las denuncias, se estaría ante una evidente violación al Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989).
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