Procuraduría pide avalar medida de aseguramiento contra 13 implicados en explosiones en Bogotá

El delegado del Ministerio Público indicó que debido a la gravedad de los delitos imputados por la Fiscalía General los tres procesados representan un peligro para la sociedad. Estas tres personas son señaladas de haber planeado y ejecutado la ubicación de elementos explosivos en seis puentes de la capital de la República el 29 de junio de 2014.

Igualmente fueron señalados por la fiscalía séptima especializada de la Unidad Antiterrorismo de los petardos que explotaron en cercanías al CAI de Lurdes del 20 de junio de 2014 y los ataques con papas bomba en una protesta en la Universidad Nacional el pasado 20 de mayo, en la cual resultaron heridos nueve agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En su intervención aseguró que en su solicitud la Fiscalía General presentó elementos que permiten inferir una relación de estas tres personas con estos hechos. “Los análisis link, la búsqueda selectiva en base de datos, entre otros, permitieron abrir la investigación que va a ligar y precisar unas líneas telefónicas”.

“No hay duda que en este caso encontró la Fiscalía General que este teléfono que culmina en 773 ligaban las otras Sim Card generando participación en los hechos referidos”, precisó el procurador del caso al manifestar que se permitió la identificación de estas tres personas en los hechos materia de investigación.

En este sentido hizo referencia a las amenazas citadas a un vigilante de la Universidad Nacional al considerar que este tipo de acciones obstruyen a la administración de justicia puesto que un testigo amenazado “no puede cumplir con el rol objetivo” hecho por el cual es menester interponer una medida de aseguramiento en contra de estas personas.

“Con este tipo de situaciones se pone en riesgo el éxito de la investigación y a la administración de justicia”. Igualmente consideró que existe el riesgo de fuga lo que afectaría el normal desarrollo del proceso penal ya que no se puede garantizar su presencia en el juicio.

Finalmente explicó que debido a la gravedad de los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público es menester la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El segundo grupo

Debido a las heridas que sufrieron los nueve agentes del Esmad la Procuraduría General solicitó que sean cobijados con medida de aseguramiento puesto que representan un peligro para la sociedad y con su actuar podrían obstruir a la administración de justicia.

En este sentido indicó que es evidente una gravedad frente al transporte y fabricación de artefactos explosivos dirigidos a afectar a la comunidad en general. Según la investigación de la Fiscalía fueron los encargados de llevar las papas bomba hasta la Universidad Nacional.

Para esto avaló la petición de la Fiscalía General al considerar que “en efecto de pertenecer supuestamente a una organización criminal de ese calibre, cabría la posibilidad de que la persona sea recogida por sus bases o puedan generar la comisión de delitos en un futuro”, explicó.

Ante esto avaló la petición de la medida para Daniel Eduardo Hernández Muñoz, Estefany Lorena Romo Muñoz, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Félix Mauricio Augusto Gutiérrez Díaz, Luis Daniel Jiménez Calderón, Sergio Estaban Segura Guiza, Liseth Johana Acosta Bogotá y Andrés Felipe Rodríguez Parra.

A este grupo de 10 personas la Fiscalía General les imputó los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y violencia contra servidor público. Sin embargo el procurador del caso llamó la atención sobre el hecho frente a la diferencia de posibles penas privativas de la libertad.

En este caso indicó que el segundo grupo se expone a penas de 30 años de prisión, mientras que al primero –por presuntamente pertenecer a un grupo armado subversivo- se enfrentarían a una condena máximo de 15 años.