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Este sábado la Procuraduría pidió cárcel para el procurador judicial, Hernán Jovel Muñoz, quien fue capturado por agentes del CTI este viernes por supuestamente estar implicado en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Muñoz es investigado por supuestamente recibir un soborno de 2.000 millones de pesos por parte del ahora exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza.
De acuerdo con el procurador delegado, Jairo Salgado, al exgobernador le correspondía entregar esta suma de dinero para que se realizaran pagos a funcionarios de la Fiscalía para dilatar la investigación disciplinaria en contra de Cruz Vargas por su responsabilidad en la entrega de 800 millones de pesos para recibir un contrato de reparcheo por un valor de 24 mil millones de pesos.
Ante la juez 71 de control de Garantías de Bogotá dijo que tras las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía se pudo establecer que «Jovel Muñoz engañó o estafó al señor Cruz y a su esposa y de paso al señora César Ramírez Cuéllar» porque este se apropio de 1.700 millones de pesos que pagó Cruz en su desespero por impedir esta investigación.
Argumenta su petición de enviar a la cárcel a Muñoz porque tanto este como Cruz y su esposa sabían que el pago se realizaría al abogado que es amigo de infancia del vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.
El procurador judicial Hernán J. Muñoz no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito y cohecho propio por dar u ofrecer.
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