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En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General solicitó que deje en firme el decreto 121 de 2017 que fijó las facultades presidenciales para aplicar los acuerdos firmados en el proceso de paz que se adelantó entre su Gobierno y la guerrilla de las Farc.
En el documento se considera que el decreto fija una serie de límites explícitos e implícitos para el jefe de Estado a la hora de ejercer esa competencia excepcional. Debido a esto considera que lo allí planteado es acorde con la Constitución Política.
En el concepto firmado por el procurador General, Fernando Carrillo Flórez se manifiesta que dicho decreto con fuerza de ley debe ser declarado exequible por parte del alto tribunal puesto que no vulnera la Carta Política.
El Decreto regula la forma en cómo debe desarrollarse el juicio de constitucionalidad en relación a las normas expedidas por medio del procedimiento legislativo especial, conocido como “fast track” o las facultades presidenciales para la paz.
Considera que el mismo regula los plazos conforme a las exigencias que la Corte Constitucional estableció para este tipo de casos.
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