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La Procuraduría General le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado que rechace la demanda de pérdida de investidura interpuesta en contra de la senadora del Partido de la U, Karime Mota por su presunta participación en un tráfico de influencias y conflicto de intereses.
Según la acción judicial, la congresista habría incurrido en una falta al presionar el nombramiento de un grupo de personas cercanas en la EPS Solsalud. Sin embargo, para el representante del Ministerio Público no existen pruebas que permitan inferir que Mota hubiera incurrido en la actuación que es objeto de la demanda.
En su intervención, el delegado del órgano de control disciplinario aseguró que al hacer una evaluación de la acción “se encontró huérfano de pruebas”, haciendo referencia al hecho de que no se pudo inferir que hubiera actuado de manera irregular.
“(Los demandantes) deben acreditar pruebas en las cuales se sustenten las afirmaciones de lo contrario simplemente se convierten en especulaciones y la acción se convierte en temeraria, se hace actuar al aparto judicial sin elementos de juicio lo cual a su vez significa un detrimento patrimonial para la nación”, indicó el procurador.
Por su parte el demandante, el abogado Saúl Villar Jiménez aseguró que la senadora incurrió en una falta cuando presentó el proyecto de reforma a la salud con algunos artículos que la beneficiaban directamente, valiéndose para esto en las declaraciones hechas por el superintendente de Salud.
Además hizo referencia a varios artículos periodísticos que indican la presión hecha por la congresista para que se hicieran nombramientos en dicha EPS a un grupo de familiares, amigos y conocidos enviando hojas de vida a la Superintendencia de Salud.
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