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Por medio de una misiva la Procuraduría General le solicitó a la Coordinadora de Empalme del sector Hábitat, Astrid Álvarez Hernández un informe por el presunto millonario pago que le habría hecho a Aguas de Bogotá E.S.P. por un valor cercano a los 26 mil millones de pesos por servicio de barridos adicionales.
En el documento, la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública indica que debido a varios informes periodísticos tuvo conocimiento millonario pago que habría provocado un detrimento patrimonial e ilegal puesto que se habría adelantado “sin fundamento contractual ni respaldo presupuestal”.
El Ministerio Público advirtió que el pasado 11 de noviembre la entonces directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) no dio respuesta concreta frente a la solicitud presentada para aclarar este millonario pago.
Sin embargo, advierte la procuradora, en su respuesta “no se abordaron los aspectos jurídicos y presupuestales de fondo respectos del pago limitándose a demitir copias de las quejas y denuncias interpuestas contra la exfuncionaria Andrea Casallas Rodríguez”.
Debido a esto se remitió un nuevo requerimiento al nuevo encargado de la Dirección General de la Unidad “exigiendo una respuesta de fondo los hechos y fundamentos del pago referido. Una vez se tenga el informe solicitado procederemos a evaluar la pertinencia esta actuación al operador disciplinario competente”.
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