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El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó una petición oficial ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas puesto que le concedieron una tutela a una mujer que terminó abortando clandestinamente.
Según el concepto del Ministerio Público la mujer de 18 años tuvo que recurrir a un centro de aborto ilegal, después de que ningún centro asistencias le prestará la asistencia médica pese a que su caso estaba invocado en las tres situaciones despenalizadas por la Corte Constitucional.
Para la Procuraduría los togados habrían incurrido en los delitos de aborto, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento.
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