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El excongresista Otto Nicolás Bula Bula tendrá que pasar seis meses más en prisión. La petición la hizo la Fiscalía ante un juez de Bogotá que avaló la decisión con el fin de que continúe colaborando con la justicia en las investigaciones que se adelantan por el pago sobornos de la firma brasileña Odebrecht para obtener contratos de infraestructura en Colombia. Según el fiscal del caso, si Bula recupera la libertad podría afectar el proceso penal en su contra “y en las otras líneas de investigación por la cantidad de amigos que tiene en todas las instituciones del país”, agregó. (Le podría interesar: 5 años de prisión y $6.600 millones: lo pactado entre Otto Bula y la Fiscalía).
Bula Bula es acusado por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito tras recibir, según la Fiscalía, sobornos por US$4,6 millones para promover la firma de diversos contratos para la vía Ocaña – Gamarra en favor de Odebrecht y sus socios en Colombia (Episol, filial de Corficolombiana y CSS Constructores). El ente investigador espera que con la determinación de un juez de garantías de Bogotá pueda continuar con el proceso de colaboración con el exsenador Otto Bula, quien tiene pendiente la aprobación de un preacuerdo con la Fiscalía.
En ese preacuerdo se establece una pena de cinco años y medio de cárcel por los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y el pago de una multa de más de $6.600 millones. Este pago, según el acuerdo, se acordó con el predio La Bomba, en Córdoba, avaluado en $4.400 millones, y el monto restante por medio de un pagaré por un valor de $2.198 millones. (Lea: ¿Contra quién apuntaría Otto Bula?)
Al estudiar el preacuerdo, el juez manifestó que a la Fiscalía le correspondía primero “exigirle” a Bula el reintegro de la mitad del dinero que obtuvo ilícitamente. “No lo hizo y, sin embargo, suscribió el acuerdo a pesar de que la norma es clara en indicar que primero debe hacerse el reintegro y luego se proceda a negociar”, precisó el juez quién, además, dijo que el delegado de la Fiscalía habría desconocido normas del código de procedimiento penal. El juez agregó que el predio La Bomba, sobre el que pesa una medida cautelar con objeto de extinción de dominio, no puede ser entregado como parte de una negociación hasta tanto no se resuelva la situación legal. El precuardo se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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