Protección de los datos de los suscriptores de telecomunicaciones

Como lo había advertido El Espectador desde el 27 de julio de este año, el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado, con argumentos que reviven el debate entre la necesidad de investigar los delitos y la defensa de los derechos al buen nombre, la honra y la intimidad.

Con ponencia del magistrado Guillermo Vargas, la Sección Primera ordenó la suspensión provisional de la expresión “o demás autoridades competentes”, incluida en el artículo 4º del decreto 1704.

La denuncia había sido presentada por el abogado y catedrático Luis Gustavo Moreno, quien argumentó que es inconcebible que los proveedores de redes y servicios de telefonía e internet tengan algún tipo de competencia para interceptar comunicaciones de los particulares y que el Ministerio de Tecnologías de la Información defina especificaciones técnicas para hacerlo, dice la información de El Espectador.

La decisión de la corporación destaca que la norma genera dudas sobre la validez de la habilitación para que otras autoridades competentes acudan a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.

Dice el texto de la decisión que “que al habilitar a otras autoridades el ejercicio de la prerrogativa antes referida se crea un riesgo para el derecho a la intimidad consistente en la fragmentación de la responsabilidad de la obtención de información personal”.